El abogado Esteban Bustos, defensor de la exdiputada provincial Anabela Lucero en la causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas al Complejo Molino Fénix, cuestionó los fundamentos de la prisión preventiva dictada contra su representada y confirmó que la defensa presentó distintos recursos para intentar revertir las decisiones judiciales.
En una entrevista exclusiva con El Potenciómetro, por VMI Radio 88.1 FM, el letrado centró buena parte de sus objeciones en aspectos procesales de la investigación y sostuvo que no comparte la imputación por asociación ilícita formulada contra Lucero.
Bustos remarcó, además, que las acusaciones se encuentran en una instancia procesal provisoria y recordó el principio de inocencia que rige hasta que exista una sentencia firme. Según explicó, anteriormente se habían formulado distintas imputaciones que posteriormente no fueron ratificadas por el Tribunal de Impugnación.
La defensa rechazó que Lucero haya intentado eludir a la Justicia
Uno de los principales cuestionamientos planteados durante la entrevista estuvo relacionado con los argumentos vinculados a un eventual entorpecimiento de la investigación.
Bustos negó que él o su defendida hubieran presentado certificados médicos con el objetivo de evitar una audiencia y aseguró que Lucero compareció cada vez que fue convocada por la Justicia.
“Nosotros jamás presentamos un certificado médico para no presentarnos a la Justicia”, sostuvo el abogado, quien afirmó que la defensa compareció en todas las oportunidades en las que fue requerida por el tribunal.
Para respaldar su postura, señaló que Lucero concurrió personalmente al juzgado pese a conocer previamente que la Fiscalía solicitaría su prisión preventiva.
De acuerdo con el argumento de la defensa, ese comportamiento sería incompatible con una intención de fuga o de sustraerse del proceso judicial.
Bustos rechazó la imputación por asociación ilícita
Consultado sobre los aspectos técnicos de la causa, Esteban Bustos aseguró que no comparte las imputaciones formuladas contra su defendida, aunque aclaró que respeta la postura adoptada por el Ministerio Público Fiscal.
El abogado puso especialmente en discusión la acusación por asociación ilícita y sostuvo que, a partir de su análisis del expediente, no se encuentran configurados los elementos necesarios para ese delito.
“Bajo ningún punto de vista existió una asociación ilícita”, afirmó durante la entrevista.
Bustos también cuestionó que, según su interpretación, no estarían suficientemente determinadas cuestiones como la presunta distribución de tareas dentro de la organización investigada o el momento en el que sus integrantes supuestamente se habrían asociado.
El defensor consideró que esos elementos resultan fundamentales para poder ejercer adecuadamente el derecho de defensa frente a una acusación de esas características.
La ruta del dinero, uno de los puntos centrales de la investigación
Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la trazabilidad de los fondos investigados y el destino final del dinero.
Ante la consulta sobre la posibilidad de que aparezcan fondos públicos en el patrimonio personal de Lucero, Bustos evitó anticipar conclusiones sobre el resultado de las pericias y volvió a cuestionar el grado de precisión de la acusación.
Según expresó, la defensa necesita conocer concretamente cuáles son los movimientos económicos atribuidos, las cifras involucradas y las conductas específicas que se imputan para poder responder jurídicamente a cada acusación.
El abogado planteó además que, desde su perspectiva, dentro de la causa se estarían acumulando acusaciones relacionadas con presuntos delitos contra la administración pública junto con la imputación por asociación ilícita.
“Son todas cosas muy distintas, me parece que se ha mezclado absolutamente todo”, manifestó Bustos al diferenciar los presuntos desvíos de fondos de la acusación relacionada con la existencia de una organización delictiva.
Cuestionamientos por el acceso a información bancaria
La entrevista también abordó la apertura del secreto bancario, una medida considerada relevante para reconstruir el recorrido de los fondos investigados.
Sobre este punto, Bustos formuló uno de sus cuestionamientos más fuertes al procedimiento. Según afirmó, la Fiscalía habría solicitado información vinculada con cuentas bancarias antes de contar con la autorización judicial posteriormente tratada en audiencia.
El abogado sostuvo que esos elementos ya habrían sido requeridos previamente y cuestionó la secuencia procesal utilizada para obtenerlos.
Se trata de una afirmación realizada por la defensa que deberá ser evaluada dentro del expediente y confrontada con la actuación y los argumentos del Ministerio Público Fiscal y las resoluciones judiciales correspondientes.
“Se apeló todo”: la defensa presentó recursos
Bustos confirmó además que la prisión preventiva y otras decisiones adoptadas durante el proceso fueron recurridas.
“Se apeló todo”, sintetizó el abogado, quien detalló que fueron presentados recursos de apelación y de revisión.
Entre sus cuestionamientos mencionó una audiencia de la que participó de manera remota. Según relató, recibió el enlace de conexión apenas tres minutos antes de su comienzo mientras se encontraba interviniendo en otro juicio en Córdoba.
El letrado también aseguró que en otra instancia se limitó a diez minutos el tiempo disponible para su exposición, circunstancia que calificó como una afectación al ejercicio del derecho de defensa.
Una causa que continúa bajo investigación
La situación judicial de Anabela Lucero forma parte de una investigación más amplia relacionada con la administración del Molino Fénix, en Villa Mercedes, y el presunto manejo irregular de fondos públicos.
La defensa dejó en claro durante la entrevista que concentrará buena parte de su estrategia en cuestionar tanto la configuración de los delitos imputados como determinados procedimientos utilizados durante la investigación.
En ese sentido, Bustos reconoció que su planteo se encuentra especialmente enfocado en las actuaciones procesales que considera irregulares o contrarias a derecho.
La causa continuará ahora con el análisis de los recursos presentados, las medidas de prueba y la investigación sobre la ruta del dinero, uno de los elementos que podrían resultar determinantes para establecer responsabilidades.
