La Justicia de San Luis ordenó este miércoles la detención de Diego Torres, uno de los cuatro imputados en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en el Complejo Molino Fénix durante la gestión del exgobernador Alberto Rodríguez Saá.
Torres está investigado por los presuntos delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta, ocultamiento y destrucción de evidencia.
La medida fue adoptada por el juez de Garantía Santiago Ortiz, quien hizo lugar al pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal y dispuso la prórroga de su detención hasta el 1.º de octubre.
La Fiscalía pidió que fuera detenido
El acusado se encontraba sometido al proceso en libertad. Sin embargo, la Fiscalía solicitó su detención al considerar que, con el avance de la investigación y la incorporación de nuevos elementos, su situación procesal se agravó.
Según la acusación, Torres habría intervenido en la confección de cheques emitidos desde el Molino Fénix, presuntamente utilizados para concretar un desvío de fondos públicos.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal expusieron estos argumentos durante la audiencia y solicitaron que el imputado quedara detenido mientras continúa la investigación.
Después de escuchar a las partes, el juez Santiago Ortiz aceptó el planteo fiscal y ordenó el arresto.
La causa por presunta asociación ilícita
La investigación alcanza a cuatro personas acusadas de integrar una presunta estructura destinada a cometer delitos contra la Administración Pública.
En el mismo expediente se encuentran investigados Anabela Lucero, el diputado provincial Joaquín Beltrán y Becher Domingo Cristian Hedel, además de Diego Torres.
Previamente, la Justicia había dispuesto dos meses de prisión preventiva para Hedel, quien permanece alojado en el Servicio Penitenciario Provincial.
La causa continúa en etapa investigativa y busca establecer las responsabilidades individuales de los acusados en las presuntas irregularidades detectadas en la administración del Molino Fénix. Todos los imputados se encuentran amparados por el principio de inocencia hasta que exista una sentencia judicial firme.
