La ex secretaria de Deportes de San Luis, Cintia Ramírez, fue declarada culpable y condenada a un año y seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en el marco de una causa por corrupción vinculada al manejo de fondos estatales.
Un fallo tras cinco jornadas de audiencias
El veredicto fue dictado este viernes por el Tribunal de Juicio del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial, integrado por Fernando De Viana, Eugenia Zabala Chacur y Adriana Lucero Alfonso, luego de cinco días de debate oral.
Durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que Ramírez incurrió en los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en perjuicio de la administración estatal.
La Fiscalía había solicitado una pena de cinco años de prisión, mientras que la querella pidió siete años. Por su parte, la defensa solicitó la absolución.
El foco en el manejo de fondos públicos
Uno de los ejes centrales del proceso fue la administración de recursos destinados al San Luis Fútbol Club, institución que —según la acusación— era financiada de manera exclusiva por el Estado provincial.
En ese contexto, se expusieron facturas, órdenes de pago y documentación vinculada a gastos en viandas, traslados, equipamiento e insumos, que la Fiscalía consideró irregulares.
La defensa, en tanto, cuestionó la interpretación de las pruebas y señaló inconsistencias en algunos testimonios.
Absolución parcial y nuevas líneas de investigación
El tribunal absolvió a Ramírez por el delito de fraude a la administración pública vinculado a la compra de un colectivo Volvo, aplicando el principio de “beneficio de la duda”.
Sin embargo, tras el fallo, el fiscal de Estado adjunto, Rafael Berruezo, insistió en avanzar con una investigación contra el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá y el ex secretario general Miguel Berardo, por la adquisición de ese vehículo.
Según la Fiscalía, el colectivo fue comprado por $290 millones, con un presunto sobreprecio de $175 millones.
Berruezo sostuvo que la declaración del ex mandatario durante el juicio funcionó como una “autoincriminación”, lo que podría derivar en nuevas imputaciones.
Otra causa en curso
Ramírez y Berardo también están involucrados en otra causa penal que investiga la firma de contratos por $87.500.000 en los últimos días de gestión, destinados a obras que —según la acusación— no se concretaron.
Ese expediente, que tramita en la fiscalía de Ricardo Barbeito, presenta irregularidades como anticipos financieros fuera de norma y contratación de empresas sin respaldo operativo.
Qué implica la condena
La prisión en suspenso significa que Ramírez no será encarcelada, siempre que cumpla con determinadas condiciones durante el plazo fijado por la Justicia. En caso de incumplimiento o reincidencia, la pena podría hacerse efectiva.
Por otro lado, la inhabilitación perpetua le impide ocupar cargos públicos de por vida.
En cuanto a la absolución por “beneficio de la duda”, el tribunal aplicó el principio jurídico “in dubio pro reo”, que establece que ante la falta de certeza suficiente, debe fallarse a favor del imputado.
