La oposición ha impulsado iniciativas legislativas para iniciar un juicio político contra el presidente Javier Milei. Unión por la Patria, tres diputados de Encuentro Federal y el Frente de Izquierda presentaron, de forma independiente, proyectos de ley que señalan la implicación del mandatario en el lanzamiento de la criptomoneda Libra. Según estos planteamientos, la operación habría ocasionado significativas pérdidas económicas a miles de personas, interpretándose como una “estafa” a gran escala.
El juicio político es un mecanismo constitucional que permite al Congreso investigar la responsabilidad política de altos funcionarios por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes. La Cámara de Diputados actúa como órgano acusador a través de la comisión de Juicio Político, integrada por 31 miembros, distribuidos proporcionalmente según la representación de cada bloque parlamentario.
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De acuerdo con el artículo 53 de la Constitución, la Cámara tiene la facultad de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, jefe de gabinete, ministros y miembros de la Corte Suprema. Asimismo, el artículo 59 establece que corresponde al Senado, presidido por el presidente de la Corte Suprema en caso de que el acusado sea el presidente de la Nación, juzgar en un juicio público. Por su parte, el artículo 60 dispone que el fallo del Senado tendrá por efecto la destitución del funcionario y su inhabilitación para ocupar cargos honoríficos o remunerados, sin excluir la posibilidad de ser juzgado en tribunales ordinarios.
El procedimiento se inicia con la declaración de admisibilidad de las denuncias, mediante un informe detallado que analiza los hechos y formula los cargos correspondientes. Para aprobar esta admisibilidad se requiere el voto favorable de al menos 16 integrantes de la comisión. Con esta declaración, se abre la investigación formal, que comprende la formulación de cargos, la citación de testigos y la solicitud de informes al Poder Judicial para sustentar la acusación.
Finalizada la etapa probatoria, se emite un dictamen de acusación que debe contar con el respaldo de la mayoría de los miembros de la comisión. Posteriormente, este dictamen se somete a votación en la Cámara de Diputados, requiriendo dos tercios de los votos para avanzar el proceso. Superada esa instancia, el caso pasa al Senado, órgano encargado de decidir sobre la destitución o absolución del acusado con el consenso de dos tercios de sus integrantes.
La última experiencia en juicio político se registró en 2023, cuando se inició un proceso contra jueces de la Corte Suprema. En esa oportunidad, el dictamen acusatorio fue firmado, pero no se llegó a votar en la Cámara debido a la insuficiencia de votos del oficialismo.
