El Ministerio de Seguridad de Córdoba resolvió que las familias de estudiantes que realicen falsas amenazas de tiroteos en escuelas deberán afrontar los costos de los operativos policiales que se desplieguen ante cada alerta.
La decisión se enmarca en una política orientada a desalentar este tipo de conductas, que en los últimos meses generaron preocupación en la comunidad educativa y obligaron a activar protocolos de emergencia en distintos establecimientos de la provincia.
Desde el Gobierno cordobés advirtieron que estas amenazas, aunque no se concreten, provocan interrupciones en las clases, situaciones de angustia en alumnos y docentes, y demandan un importante despliegue de recursos policiales y judiciales.
En ese contexto, las autoridades remarcaron que el objetivo es responsabilizar a las familias por las consecuencias de este tipo de hechos, especialmente cuando involucran a menores de edad.
Según datos de las fiscalías penales juveniles de Córdoba, se registraron 236 denuncias vinculadas a amenazas escolares, con 29 adolescentes imputados. Además, se identificaron 22 menores inimputables por su edad, lo que refleja la participación de chicos por debajo de la edad de responsabilidad penal.
La problemática no es exclusiva de Córdoba. En distintas provincias del país se vienen registrando episodios similares, lo que encendió alertas en el sistema educativo y derivó en la implementación de medidas preventivas y sancionatorias para evitar la propagación de estas amenazas.
Las autoridades insistieron en la importancia de la concientización familiar y escolar, y recordaron que este tipo de conductas puede tener consecuencias legales, económicas y sociales tanto para los estudiantes como para su entorno.
