La vivienda donde residía la fallecida periodista Titi Otazú, ubicada sobre calle Juan W. Gez 85, en Villa Mercedes, continúa bajo evaluación judicial debido al riesgo de derrumbe que presenta su estructura. Aunque la demolición sigue siendo una posibilidad concreta, uno de los herederos manifestó su intención de hacerse cargo de las reparaciones para evitar la pérdida del inmueble.
El fiscal municipal Enrique Gargiulo explicó que el expediente se inició el 29 de mayo, cuando la jueza del Juzgado Municipal de Faltas, Mónica Fernández, dictó la Resolución N.º 1126, ordenando una inspección tras las denuncias y preocupaciones manifestadas por vecinos debido al deterioro de la propiedad.
No pudieron ingresar por el riesgo de derrumbe
La inspección prevista no pudo concretarse porque el ingreso a la vivienda representaba un peligro para el personal.
Según detalló Gargiulo, el secretario de Obras Públicas y Servicios Urbanos, Eduardo Moyana, advirtió en el lugar que existía un “alto riesgo” para la integridad física de quienes debían ingresar. Esa situación quedó documentada en un acta oficial.
Frente a ese escenario, el fiscal solicitó la intervención de un ingeniero especializado en derrumbes y apuntalamientos para determinar las medidas de seguridad necesarias. La jueza hizo lugar al pedido y libró un oficio al Colegio de Ingenieros de Villa Mercedes, aunque, según indicó el funcionario, nunca se recibió una respuesta.
Un informe municipal recomendó la demolición
Ante la falta del informe especializado, la magistrada ordenó que la Jefa de Planeamiento y el Secretario de Obras Públicas realizaran una evaluación técnica.
Tras inspeccionar el exterior del inmueble y observar importantes grietas en la estructura, ambos profesionales concluyeron que la alternativa más recomendable era avanzar con la demolición de la vivienda.
Con ese dictamen incorporado al expediente, el fiscal solicitó formalmente que la Justicia autorizara el derribo del inmueble.
La propuesta de Rodrigo Otazú abre una nueva posibilidad
Durante la feria judicial surgió una alternativa que modificó el escenario.
El 8 de julio, uno de los herederos, el reconocido joyero Rodrigo Otazú, presentó una nota solicitando autorización para que el arquitecto Eduardo Morán pudiera ingresar a la propiedad, evaluar el estado estructural y determinar el costo de una eventual reparación.
La jueza derivó el planteo al expediente sucesorio que se tramita en la Justicia Civil y solicitó al administrador judicial que autorice el ingreso del profesional para realizar la inspección correspondiente.
“Aparentemente uno de los herederos se haría cargo de la reparación y del apuntalamiento de la casa de los padres”, explicó Enrique Gargiulo, en referencia a Rodrigo Otazú, quien actualmente reside en Estados Unidos.
Sin embargo, el fiscal aclaró que hasta el momento no existen novedades sobre el resultado de esa evaluación técnica.
Los herederos y la decisión que aún espera la Justicia
Además de Rodrigo Otazú, los otros sucesores son Marcel Otazú, quien reside en las Islas Maldivas, y Emmanuel Otazú, abogado que permanece detenido en el Servicio Penitenciario de San Luis desde septiembre de 2025 en el marco de una causa vinculada a estupefacientes.
Mientras se aguarda el informe del arquitecto designado, el Juzgado Municipal de Faltas aún no adoptó una decisión definitiva sobre el destino de la vivienda.
El fiscal anticipó que continuará impulsando medidas para acelerar la definición del expediente.
“Mi compromiso es pedirle a la señora jueza que arbitre los medios para conocer qué ha dispuesto el arquitecto Morán y, si no hay avances, volver a solicitar la demolición del inmueble”, afirmó Gargiulo.
Créditos informe: El Chorrillero
