Una denuncia judicial presentada en la Justicia federal puso bajo análisis las actividades comerciales de la consultora +BE, propiedad de Bettina Julieta Angeletti, esposa del funcionario nacional Manuel Adorni. La acusación sostiene que podrían existir vínculos contractuales con empresas relacionadas con el Estado, lo que abriría la posibilidad de un conflicto de intereses.
El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N°11, a cargo del juez Ariel Lijo, luego de la presentación realizada por la diputada nacional Marcela Pagano. En el escrito se plantea la posible existencia de un circuito de relaciones comerciales entre empresas privadas proveedoras del Estado y la consultora dirigida por Angeletti.
El eje de la denuncia
Según la presentación judicial, podría haberse conformado un “circuito triangular de flujos económicos” entre la petrolera estatal YPF, la empresa National Shipping SA y la consultora +BE.
De acuerdo con los datos citados en la denuncia, la naviera —controlada por la familia Virasoro y dedicada al transporte marítimo y fluvial de hidrocarburos— mantiene contratos históricos con la petrolera estatal.
La acusación señala que la consultora de Angeletti habría brindado capacitaciones a gerentes y jefes de National Shipping en tres ocasiones: el 6 y 23 de noviembre de 2024 y el 3 de octubre de 2025, por un monto total de 6.370.000 pesos.
Para Pagano, ese vínculo comercial podría configurar un retorno indirecto de fondos hacia el entorno familiar de Adorni, quien actualmente integra el directorio de YPF como representante del Estado.
Desde la empresa naviera señalaron que los contratos con YPF existen desde hace 28 años y remarcaron que Adorni fue designado director de la petrolera recién en enero de 2026, es decir, después de que se realizaran las capacitaciones.
Tecnópolis y la licitación millonaria
Otro capítulo de la denuncia apunta a la concesión del predio Tecnópolis, una licitación estimada en 183.000 millones de pesos para la explotación del complejo durante 25 años.
El proceso está a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo que depende de la Jefatura de Gabinete.
Entre las empresas preseleccionadas aparece DirecTV Argentina, que se presenta en asociación con el Grupo Foggia, del empresario Marcelo Dionisio.
La denuncia sostiene que ese grupo empresarial sería cliente de la consultora +BE, lo que, según la legisladora, podría configurar otro posible conflicto de intereses.
El expediente también menciona a Mara Natalia Gorini, asesora en la Secretaría General de la Presidencia, área bajo la órbita de Karina Milei, y pareja de Dionisio. Gorini se desempeñó como directora del Grupo Foggia hasta 2024 y, según la denuncia, continuaría vinculada como apoderada.
Empresas proveedoras del Estado bajo análisis
La presentación judicial también menciona que la consultora +BE habría trabajado con el Grupo Datco, una empresa tecnológica que presta servicios a diferentes organismos estatales.
Entre las entidades señaladas figuran ARCA, AySA, el Banco Central, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y Trenes Argentinos, lo que, según la denunciante, reforzaría la hipótesis de una red de vínculos comerciales con proveedores del Estado.
Licitaciones por servicios de comunicación oficial
Otro punto de la denuncia apunta a supuestas irregularidades en licitaciones para el envío de SMS y correos electrónicos del Gobierno, impulsadas cuando Adorni se desempeñaba como secretario de Comunicación.
Según el escrito judicial, se trataría de adjudicaciones por más de 3.650 millones de pesos, en las que participaron las empresas ATX SA y Area Tech SA.
La presentación sostiene que ambas firmas podrían tener vínculos societarios, ya que Pablo Javier Casal, presidente de Area Tech, habría trabajado anteriormente para Rubén Santiago Ward, titular de ATX. Además, ambas compañías tendrían conexiones con Lugalu SA y compartirían domicilio en el barrio porteño de Parque Patricios.
También se mencionan posibles relaciones entre Tsoft Informática SAS y Tecnosoftware SA, que, según la denuncia, estarían controladas por una misma familia, lo que podría sugerir una simulación de competencia en licitaciones públicas.
Investigación patrimonial
El escrito judicial solicita además que se investigue la evolución patrimonial de Manuel Adorni, ya que —según la denuncia— su salario como funcionario se mantendría en niveles de 2023, mientras que su patrimonio habría registrado un incremento.
La presentación también menciona deudas con cuatro acreedores privados, entre los que figurarían familiares del funcionario.
En ese marco, la denunciante sostuvo que el esquema investigado podría tener similitudes con las causas “Hotesur” y “Los Sauces”, en las que la Justicia analizó el uso de estructuras empresariales familiares para canalizar pagos provenientes de empresas contratistas del Estado.
Ahora será la Justicia federal la encargada de determinar si los vínculos comerciales mencionados corresponden a actividades privadas legítimas o si podrían constituir conflictos de interés o irregularidades en la relación entre empresas y organismos públicos.
