Diego Torres, uno de los imputados en la causa Molino Fénix, denunció haber recibido una amenaza que atribuyó a Virginia Lucero, hermana de la exdiputada provincial Anabela Lucero.
De acuerdo con lo manifestado por Torres, el episodio será puesto en conocimiento de las autoridades mediante una denuncia formal durante las próximas horas. Hasta el momento, no se informaron públicamente mayores precisiones sobre las circunstancias en las que se habría producido la amenaza.
La situación se conoce luego de una extensa audiencia realizada este jueves, en la que Torres decidió declarar ante la Justicia en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades vinculadas al Complejo Molino Fénix.
La eventual denuncia deberá ser investigada para determinar las circunstancias del episodio y establecer si existen responsabilidades.
Una extensa declaración ante la Justicia
Durante la audiencia del jueves debía resolverse la situación procesal de Diego Torres, luego de que el Ministerio Público Fiscal solicitara la prisión preventiva.
Torres decidió declarar y durante más de dos horas respondió preguntas relacionadas con distintos hechos que forman parte de la investigación. Según la valoración de los fiscales durante la audiencia, su aporte resultó relevante para la causa.
Finalmente, pasadas las 20:30, el juez de Garantía N° 4, Santiago Ortiz, dispuso que Torres cumpla prisión domiciliaria por el término de dos meses.
En la causa se encuentran imputados, entre otras personas, Anabela Lucero, exdiputada provincial, y Joaquín Beltrán, exadministrador del Complejo Molino Fénix y actual diputado provincial.
Lucero se encuentra bajo prisión preventiva desde el 24 de agosto, medida que fue dispuesta por 60 días. Información publicada esta semana también confirma que continúa detenida en el Servicio Penitenciario Provincial. El Diario de la República
El traslado de muebles y las directivas que atribuyó a Lucero y Beltrán
Uno de los puntos abordados durante la declaración estuvo relacionado con el traslado de muebles pertenecientes al Complejo Molino Fénix.
Cuando durante la audiencia le exhibieron un video y una imagen en los que aparecen personas retirando mobiliario del complejo en el tráiler de una camioneta, Torres reconoció haber estado presente.
Según su declaración, los elementos fueron trasladados hasta una sede partidaria ubicada en Pringles y Bolivia, donde funcionaba un espacio utilizado durante la campaña electoral de Anabela Lucero y de Jorge “Gato” Fernández, quien fue candidato del Frente del PJ.
Torres relató que, una vez terminada la descarga, envió una fotografía para comunicar que la tarea había finalizado.
“Bueno, cierren y apaguen todo”, aseguró que recibió como respuesta.
Durante su exposición sostuvo además que “las directivas fueron de Lucero y Beltrán” y afirmó que dentro del ámbito en el que trabajaban se referían a ambos como los “jefes”.
Entre los elementos que recordó haber trasladado mencionó sillas y una mesa con vidrio.
Cheques, bolsones y actividades partidarias
Torres también se refirió a su trabajo durante la gestión anterior, cuando cumplía funciones en el área contable del Molino Fénix.
Según declaró, “con fines electorales” se confeccionaron cheques por $50 mil, que —de acuerdo con su testimonio— se realizaban “por autorización de Beltrán, como ayuda social y cultural a directores de academias”.
Indicó además que posteriormente se realizó un acto en la Casa de la Música donde fueron entregados esos beneficios.
Otro tramo de su declaración estuvo relacionado con mercadería utilizada para preparar bolsones durante la campaña política.
“Algunas veces la mercadería venía acompañada con una cajita de té o leche que tenía dinero que se destinaba a la caja chica”, manifestó.
Torres sostuvo que él mismo participaba en el armado de los bolsones junto con otros trabajadores del complejo y aseguró que los empleados “eran obligados” a concurrir a encuentros partidarios.
También afirmó que personal de mantenimiento del Molino Fénix era enviado a realizar trabajos de pintura en sedes partidarias.
Indumentaria política y fondos del Molino Fénix
Durante la audiencia también fue consultado sobre la adquisición de indumentaria con la imagen de Anabela Lucero, quien fue candidata a intendenta de Villa Mercedes.
“Es correcto, el señor Beltrán me mandó a pedir presupuesto para buzos y remeras con el logo de Anabela Lucero”, respondió Torres.
Ante la pregunta sobre el origen del dinero utilizado para esas compras, contestó: “Con dinero del Molino Fénix”.
El imputado también recordó un episodio en el que, según su declaración, fueron retirados elementos tecnológicos de la Casa de la Música y trasladados hacia la misma sede partidaria.
Además, sostuvo que Lucero le encargaba llevar leche o medicamentos a determinadas familias y comprar pasajes “para algunas madres que tenían que llevar a sus hijos a Córdoba o a San Luis”.
Las afirmaciones de Torres forman parte de su declaración como imputado y deberán ser evaluadas junto con el resto de las pruebas incorporadas al expediente. Las personas investigadas conservan su estado de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
La posición de Jorge Fernández sobre la causa
En declaraciones recientes a El Diario de la República, Jorge “Gato” Fernández defendió públicamente a Lucero y Beltrán y cuestionó las medidas judiciales adoptadas en el expediente.
Fernández señaló que la investigación lleva aproximadamente dos años y cuestionó que en esta instancia se invoquen riesgos procesales para justificar medidas restrictivas de la libertad.
También sostuvo que privar de la libertad a una persona constituye “una cosa muy seria” y planteó una interpretación política del avance de la causa.
Esa postura coincide con cuestionamientos formulados públicamente por sectores del Partido Justicialista de San Luis, que denunciaron una supuesta utilización política de la investigación. Se trata de una posición partidaria cuestionando las decisiones judiciales y no de un hecho establecido por la causa.
En este escenario, la amenaza denunciada ahora por Diego Torres abre un nuevo episodio alrededor del expediente. Su presentación formal deberá permitir establecer qué ocurrió y si corresponde iniciar una investigación específica.
