La secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, anunció hoy que el presidente Alberto Fernández ya tiene a la firma un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para habilitar la compra de vacunas de Pfizer, Moderna y Jonhson & Jonhson, y destacó que es “el resultado de un proceso largo” porque son “negociaciones complejas”.
“El Presidente tomó la decisión de firmar un Decreto de Necesidad y Urgencia para que la Argentina pueda adquirir vacunas pediátricas y para que pueda ampliar el espectro de vacunas disponibles”, subrayó Ibarra durante una conferencia de prensa en Casa Rosada junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti.
En ese marco, la secretaria de Legal y Técnica Ibarra indicó que el decreto se publicará mañana en el Boletín Oficial para ponerlo en vigencia y destrabar la adquisición de esas vacunas.
La nueva norma crea un Fondo de Reparación COVID-19 para responder al pago de indemnizaciones ante la eventualidad de que una persona pueda ser dañada por la aplicación de una vacuna.
Al respecto, Ibarra explicó que se trata de “un mecanismo que existe en muchos países del mundo y da tranquilidad a respecto de las contrataciones”.
En materia de inmunidad de los bienes del Estado, se va a eximir de inmunidad a las regalías que percibe el Estado nacional y los bienes privados del Estado, pero todos los bienes soberanos establecidos en la Ley de Restauración de Sostenibilidad de la Deuda permanecerán soberanos.
A su turno, la ministra de Salud aseguró que el decreto “abre tres posibilidades para recibir dosis: los convenios con laboratorios, el mecanismo COVAX y las oportunidades de donaciones de diferentes Estados, fundamentalmente de Estados Unidos”.
“Estamos trabajando para que los menores de 18 años reciban lo antes posible la vacuna que esté disponible. Es incompleto pensar que una única vacuna puede estar disponible en la Argentina en el mediano plazo, son varias las que pueden estar disponibles y estamos trabajando con todos los proveedores”, enfatizó Vizzotti.
Por su parte, la secretaria de Legal y Técnica puntualizó que el decreto es “el resultado de un proceso de conversaciones y negociaciones con laboratorios”, y puntualizó: Debimos encontrar la forma de compatibilizar las necesidades que expresaban los distintos laboratorios con los intereses que tenemos que proteger para la Nación argentina y para la población en general”.
“Siempre se empieza con una serie de exigencias y hay que ir hablando qué es posible y qué no es posible. Es un proceso largo y debimos atender a los intereses de nuestro Estado Nacional y de población en general y entender también los requisitos y las necesidades que tenían las empresas”, subrayó.
Además, destacó que “llegar a esta compatibilización es un proceso arduo, donde se trabajó muchos con los equipos técnicos y jurídicos”.
Ibarra puntualizó que “en los contratos en general que se vienen firmando, y también en estos, rigen cláusulas de confidencialidad”, y aclaró: “Esto es usual, no es sólo para este tipo de vacuna. Específicamente la ley regula esto. Los contratos de confidencialidad son ley entre las partes”.
En otro tramo de la conferencia, la funcionaria nacional descartó que haya “uso político” por parte del Gobierno con este DNU, y apuntó: “Hubo que hacer una serie de trabajos defendiendo al Estado Nacional, porque uno se puede dar vuelta y decir ¿Qué es lo que piden? Entonces agarran todo lo que piden y firman”.
“Nosotros entendemos que eso no es defender al Estado Nacional. Hay que defender los intereses del Estado Nacional en cualquier negociación. Son negociaciones complejas. Los laboratorios en el marco del mercado internacional de vacunas, con un bien tan preciado y con escasez, a veces las exigencias son muy complejas”, explicó.
En esa línea, Ibarra continuó: “Nadie de la oposición estuvo sentado en las mesas de negociación. Pueden decir ‘no, que si sacamos esta palabra’. Hemos trabajado con mucho esfuerzo, con mucha razonabilidad, con mucha seriedad y con mucha rigurosidad para poder llegar a resultados”.
Respecto de por qué el Ejecutivo nacional tomó la decisión de sacar la medida por DNU, detalló: “Todavía hay proyectos que tardan en tratarse. Son los tiempos del Congreso, no está previsto para responder en épocas de pandemia ¿Por qué se han dictado tantos Decretos de Necesidad y Urgencia? Porque los contagios no siguen los tiempos parlamentarios. Las pandemias no siguen los tiempos parlamentarios, como no siguen los límites territoriales”.
Además, explicó que el DNU cambiará algunas de las definiciones de la ley que se aprobó el año pasado para habilitar la compra de vacunas, entre ellas, la mención a la “negligencia” y a las “maniobras fraudulentas”, que según el Gobierno trababan un acuerdo.
En ese punto, precisó que la posible “negligencia” se arreglará en “la parte contractual” cuando el Estado firme un contrato con
un laboratorio y que la mención a las “maniobras fraudulentas” será reemplazada por “conductas dolosas”.
Estas cuestiones netamente jurídicas, según el Gobierno, permitirían destrabar la adquisición de vacunas provenientes de esos laboratorios.
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