La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles el proyecto de Régimen Penal Juvenil que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, con 149 votos a favor y 100 en contra. La iniciativa ahora será girada al Senado, donde podría tratarse en sesión el próximo 26 de febrero, según fuentes parlamentarias.
Se trata de la primera vez, desde la restauración democrática en 1983, que el Congreso avanza en el recinto con una reforma que modifica el actual esquema de responsabilidad penal juvenil, vigente desde la última dictadura.
Cómo votaron los bloques
El proyecto fue respaldado por La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo e Independencia, entre otros espacios.
En contra votaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Elijo Catamarca y Defendamos Córdoba.
Un dato llamativo se dio en el Frente Renovador: si bien sus legisladores manifestaron estar de acuerdo con la baja de la edad de imputabilidad en la discusión en particular, finalmente votaron en contra del proyecto en general. El diputado Ramiro Gutiérrez aclaró que acompañó la iniciativa en el debate específico.
Qué establece el nuevo Régimen Penal Juvenil
La reforma impulsada por el oficialismo propone reemplazar una normativa heredada del período dictatorial y establecer un régimen especial para menores de edad.
Entre los puntos centrales:
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No se podrá aplicar pena perpetua a menores.
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Se prevén sanciones que pueden llegar hasta 15 años de prisión para delitos graves.
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Los menores deberán cumplir condena en establecimientos separados de los adultos.
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Se incorpora un esquema de sanciones alternativas, con eje en la resocialización.
Para delitos con penas menores a tres años, no se contemplan penas de prisión. En casos con penas de entre tres y diez años —cuando no haya muerte o lesiones graves— se priorizan medidas socioeducativas y alternativas al encierro.
Uno de los aspectos más discutidos fue el financiamiento del nuevo sistema. El diputado Maximiliano Ferraro propuso un mecanismo directo de asignación de recursos, pero el oficialismo sostuvo la firma de convenios entre Nación y Provincias como modalidad de implementación.
El debate en el recinto
La presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, defendió la iniciativa y afirmó que el objetivo no es “amontonar menores privados de la libertad”, sino “resocializarlos”.
Desde Unión por la Patria, la diputada Victoria Tolosa Paz cuestionó el enfoque del oficialismo y criticó consignas como “delito de adulto, pena de adulto”, al considerar que simplifican el problema.
En la misma línea, la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, sostuvo que el proyecto podría ampliar facultades policiales y derivar en mayor criminalización de jóvenes de sectores vulnerables.
Por su parte, el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, aclaró que la reforma “no va a terminar con la delincuencia por sí sola” y señaló la necesidad de políticas complementarias frente al reclutamiento de menores por organizaciones criminales.
Desde Provincias Unidas, Gisela Scaglia respaldó la baja de la edad de imputabilidad, aunque advirtió que el costo operativo del sistema no puede recaer exclusivamente en los gobernadores.
Un debate que llega por primera vez al Senado
Con media sanción en Diputados, el proyecto abre una nueva etapa legislativa. Si el Senado de la Nación aprueba la iniciativa sin modificaciones, Argentina reduciría la edad de imputabilidad a 14 años por primera vez en su historia democrática.
El debate reaviva una discusión de larga data en la política argentina: cómo equilibrar seguridad, responsabilidad penal y políticas de inclusión para adolescentes en conflicto con la ley.
