El proyecto de desendeudamiento familiar recibió media sanción este miércoles en la Cámara de Diputados de San Luis, que lo aprobó por mayoría, con 30 votos a favor y 9 en contra. La iniciativa busca aliviar los compromisos financieros de las familias sanluiseñas y promover el consumo local.
La propuesta fue enviada por el gobernador Claudio Poggi y contempla exenciones de impuestos provinciales para que las entidades financieras ofrezcan planes de regularización de deudas con mejores tasas de interés y plazos de pago. También prevé incentivos para promociones, descuentos y reintegros en comercios de la provincia.
Qué contempla el programa
El programa permitirá consolidar compromisos financieros en mora provenientes de préstamos personales, tarjetas de crédito u otras asistencias crediticias. Alcanzará a entidades bancarias, proveedoras no financieras de crédito, empresas de tecnología financiera y otras entidades autorizadas por el Banco Central de la República Argentina.
La diputada Eugenia Gallardo precisó que podrán incluirse deudas con una mora superior a tres meses al momento de la sanción de la ley. Los deudores deberán tener domicilio en San Luis con una antigüedad mínima e ininterrumpida de dos años.
Los planes deberán establecer un plazo de amortización no menor a 24 meses y un período de gracia de al menos dos meses. La tasa nominal anual no podrá superar en más de 10 puntos porcentuales a la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR), mientras que la cuota no podrá exceder el 30% de los ingresos del grupo familiar.
El proyecto también prohíbe cobrar gastos administrativos, comisiones u honorarios adicionales por el otorgamiento de la refinanciación. Además, las entidades deberán implementar programas gratuitos de formación sobre planificación de las finanzas familiares y prevención del sobreendeudamiento.
Deudas con servicios públicos y beneficios impositivos
Gallardo explicó que se podrán consolidar deudas de distintas entidades. A pedido de UPCN, el despacho incorporó la posibilidad de incluir compromisos pendientes por servicios públicos de competencia provincial, según lo que determine la reglamentación. Como ejemplo, la legisladora mencionó las deudas con EDESAL.
Para promover estas condiciones, el proyecto faculta al Ejecutivo a eximir del pago de Ingresos Brutos y Sellos a las operaciones vinculadas con los planes de refinanciación. Según la iniciativa, ese beneficio tributario deberá traducirse en ventajas para las familias.
Durante el debate, el diputado Nicolás González Ferro señaló que la mora en la cartera de créditos a los hogares alcanzó el 17,5% a nivel nacional y sostuvo que el pago de las deudas absorbe cerca de una cuarta parte del salario mensual de los trabajadores, según un informe del Banco Central.
“Esta situación no responde al financiamiento de bienes durables o de inversión, sino a la cobertura de gastos corrientes de subsistencia, como alimentos, servicios públicos y alquileres”, sostuvo González Ferro.
Incentivos para el consumo local
Las entidades que adhieran al programa podrán presentar planes de estímulo al consumo local mediante descuentos, reintegros, vouchers, tarjetas prepagas y otras modalidades de beneficios. A cambio, accederán a un crédito fiscal equivalente al 25% del importe efectivamente otorgado a los usuarios.
González Ferro afirmó que la reducción de las cuotas permitiría recuperar parte del ingreso familiar para destinarlo a bienes de consumo y servicios de primera necesidad en comercios de cercanía.
“Este esquema articula la responsabilidad corporativa del sector financiero con el fomento del comercio local, activando un mecanismo que transforma el pasivo que afecta a las familias en un motor de reactivación económica para la provincia”, afirmó.
Al cierre del debate, Gallardo destacó la decisión del Gobierno provincial de abordar la problemática del endeudamiento familiar. “Es un tema que el Poder Ejecutivo tomó y se ocupó, y no muchas provincias se están ocupando de esta problemática”, expresó.
Con información de: agenciasanluis.com
