La investigación judicial por la cosecha de maíz en el campo estatal “La Gitana”, en el sur de la provincia de San Luis, continúa avanzando con dos ex funcionarios imputados, mientras el fiscal de Instrucción Nº4, Leandro Estrada, aseguró que no está acreditado el daño económico concreto al Estado.
El eje de la causa se centra en una presunta administración irregular de bienes públicos, vinculada a la contratación de un cosechador sin cumplir los procedimientos exigidos por la normativa vigente.
Irregularidades en la contratación
Según explicó Estrada, el proceso de contratación del cosechador Francisco Anselmi, oriundo de Pehuajó, se realizó sin expediente administrativo, sin licitación y sin documentación formal.
El fiscal sostuvo que “no se cumplió con la Ley de Contabilidad”, al señalar que todo el procedimiento se habría llevado adelante fuera de las normas legales, incluyendo los artículos 923, 924 y 100 de dicha ley, además del decreto de emergencia que regula las contrataciones estatales.
De acuerdo con la investigación, el acuerdo establecía que el contratista recibiría 750 kilos por hectárea, mientras que el excedente debía quedar para el Estado. Sin embargo, el maíz fue trasladado a un feedlot privado, donde fue utilizado para alimentar animales.
El destino del maíz y las dudas sobre el perjuicio
Uno de los puntos centrales del expediente es que se logró determinar el destino del grano, pero no así el impacto económico que generó la operatoria.
“En términos monetarios no está comprobado el daño”, afirmó el fiscal, aunque remarcó que sí se encuentra acreditado que el Estado tenía un campo sembrado y que terceros obtuvieron un beneficio.
La superficie cosechada oscila, según distintas versiones, entre 1400 y 1800 hectáreas, lo que agrega complejidad a la cuantificación del eventual perjuicio.
Imputaciones y responsabilidades
El ex funcionario Darío Oviedo fue imputado por defraudación en perjuicio de la administración pública y peculado, en concurso con incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En tanto, el ex secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, fue acusado por el mismo delito bajo la figura de comisión por omisión, ya que, según el fiscal, tenía conocimiento de las irregularidades y no intervino para evitarlas.
La imputación se apoya, entre otras pruebas, en comunicaciones y declaraciones públicas en las que Bazla habría reconocido que la cosecha estaba en marcha.
El conflicto por la titularidad del maíz
Otro aspecto clave es la disputa sobre la propiedad del cultivo. Para el fiscal, el maíz pertenece al Estado, en su carácter de titular del inmueble.
Sin embargo, empresas involucradas en la siembra —como Galia Norte y San Jorge Cereales— sostienen haber actuado de buena fe y reclaman compensaciones por las inversiones realizadas.
El caso tiene antecedentes en la empresa El Caburé, que había sido adjudicataria del campo pero fue despojada en 2018. Aun así, continuó operando y firmando contratos con terceros, lo que derivó en nuevas denuncias por desbaratamiento de derechos.
La postura de la defensa
En paralelo, el abogado Pascual Celdrán, representante de los ex explotadores del campo, cuestionó el rumbo de la investigación y advirtió sobre posibles responsabilidades de funcionarios de mayor jerarquía.
En declaraciones al programa radial “El Potenciómetro”, señaló que la causa podría cerrarse con imputaciones menores, sin avanzar sobre otros actores que, según su visión, tuvieron un rol central en las maniobras investigadas.
También puso en duda la reconstrucción del destino del maíz y cuestionó que se haya dado por válida la versión de que fue consumido por animales, sin mayores peritajes ni verificaciones.
Otras líneas de investigación
El actual Gobierno provincial también impulsó una denuncia para investigar lo ocurrido en el mismo campo entre 2017 y 2023, durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá.
Ese expediente tramita en la Unidad de Abordaje Fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial, aunque hasta el momento no se registran avances significativos.
