El Gobierno argentino ha dado un paso crucial en la lucha contra el crimen organizado al enviar al Congreso cuatro proyectos de ley destinados a fortalecer el marco legal y operativo en la batalla contra este flagelo. Estas iniciativas representan una respuesta integral a la compleja problemática que enfrenta el país en materia de seguridad y justicia.
Uno de los pilares fundamentales de esta reforma es la propuesta de una nueva Ley Antimafias, que busca delimitar la aplicación de la ley a los delitos específicos asociados con organizaciones criminales. Esta ley se enfocará en hechos que incluyen desde tráfico ilícito de estupefacientes hasta trata de personas, estableciendo penas más severas para quienes participen en estas actividades delictivas.
Un aspecto destacado de la propuesta es la creación de la figura de la Zona de Investigación Especial, que permitirá una respuesta más ágil y efectiva en las investigaciones relacionadas con el crimen organizado. Esta medida busca optimizar los recursos y coordinar acciones entre diferentes agencias para enfrentar con mayor eficacia estas estructuras criminales.
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