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El Gobierno de San Luis busca autorización para “Tomar deuda” en medio de la crisis financiera

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El gobernador Claudio Poggi formalizó hoy ante el Senado el pedido de autorización para tomar un empréstito que permita hacer frente al pago de salarios, planes sociales y garantizar el funcionamiento del Estado provincial. El ministro de Hacienda e Infraestructura Pública, Néstor Ordoñez, respaldó la iniciativa en una presentación ante la Cámara de Senadores, justificando la necesidad de recurrir al endeudamiento.

El proyecto, compuesto por 11 artículos, otorga al Poder Ejecutivo la facultad de realizar operaciones de crédito público y/o endeudamiento público por una suma equivalente a seis veces el importe de Coparticipación Federal mensual. Además, se le permite comprometer fondos coparticipables como garantía.

En medio de la crisis financiera, el gobernador Poggi declaró la emergencia económica a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 150. Según el mandatario, el desfasaje mensual entre recursos y gastos ha llevado al Gobierno a proyectar un déficit creciente en los próximos meses.

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La administración de Poggi argumenta que los recursos ordinarios de la Provincia desde 2019 hasta 2022 resultaron insuficientes para cubrir todas las erogaciones. Según datos oficiales, se espera que el déficit para 2023 sea aún mayor, cerrando el año con un proyectado de $125.120 millones, según el Decreto Nº 11631-MHP-2023 del 5 de diciembre.

Hasta ahora, la necesidad financiera se cubrió mediante la liquidación de moneda extranjera y la venta de títulos públicos. Sin embargo, el Gobierno advierte que los recursos estimados para el próximo año se verán afectados por la caída de los recursos por intereses y la modificación en la recaudación de impuestos coparticipables.

El proyecto señala el contexto nacional poco alentador, con previsiones de contracción económica y alta inflación. La gestión de Poggi entiende la necesidad de acceder a financiamiento externo para garantizar la prestación de servicios esenciales y cumplir con obligaciones estatales.

El Poder Ejecutivo, en caso de obtener la autorización, deberá informar a la Legislatura las operaciones de crédito público realizadas, dentro de los treinta días de su requerimiento, y enviará informes mensuales detallando su evolución, según lo establecido en la iniciativa legislativa.

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