El Gobierno Nacional oficializó el fin del esquema de compensaciones económicas destinadas a las empresas de transporte automotor de larga distancia por la entrega de pasajes gratuitos a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer. La medida fue establecida mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este martes en el Boletín Oficial.
La decisión implica que el Estado dejará de cubrir parcialmente el costo de esos boletos, aunque el derecho a viajar gratuitamente continuará vigente para los beneficiarios contemplados por la legislación nacional.
Qué cambia con la nueva resolución
Hasta ahora, las empresas de transporte recibían compensaciones económicas por los pasajes otorgados en el marco de las leyes especiales que amparan a personas con discapacidad, trasplantados o en lista de espera y menores con enfermedades oncológicas.
Con la nueva normativa, el Gobierno elimina ese esquema de pagos al considerar que el sector ya opera bajo un sistema de “libertad tarifaria”, habilitado por el Decreto 883/2024.
Desde el Ejecutivo señalaron que las compañías ahora tienen libertad para definir recorridos, frecuencias y precios, por lo que pueden “internalizar” el costo de estas prestaciones obligatorias dentro de su estructura económica.
El derecho al pasaje gratuito continúa vigente
La resolución aclara expresamente que la medida no modifica el acceso a los beneficios establecidos por las leyes:
- Ley 22.431: personas con discapacidad.
- Ley 26.928: personas trasplantadas o en lista de espera.
- Ley 27.674: niños, niñas y adolescentes con cáncer.
En consecuencia, las empresas de transporte interjurisdiccional continúan obligadas a emitir pasajes gratuitos a quienes acrediten los requisitos correspondientes.
El cambio radica exclusivamente en el financiamiento: el costo dejará de ser compensado por el Estado y pasará a ser absorbido por las compañías.
La CNRT controlará el cumplimiento
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será el organismo encargado de supervisar que las empresas sigan garantizando el acceso a los pasajes gratuitos.
Según establece la resolución, continuarán vigentes los mecanismos de fiscalización y control para evitar incumplimientos o negativas injustificadas hacia los beneficiarios.
La medida genera preocupación entre organizaciones vinculadas a la discapacidad y pacientes con tratamientos complejos, ante la posibilidad de que algunas empresas intenten restringir cupos o dificultar el acceso al beneficio.
