La Inspección General de Justicia (IGJ) volvió a negar cualquier intento de intervención sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), aunque aclaró que la entidad continúa bajo análisis por múltiples irregularidades administrativas y contables.
El titular del organismo, Daniel Vitolo, informó que la AFA mantiene trámites pendientes, balances objetados e inconsistencias financieras que sumarían más de 111 millones de dólares.
“Nadie está pensando en intervenir la AFA desde el Poder Ejecutivo”, afirmó Vitolo en declaraciones a Radio Rivadavia, en un intento por desactivar las tensiones entre el Gobierno y la conducción de la entidad deportiva. Señaló que la IGJ tampoco evalúa recomendar la medida al Ministerio de Justicia: “Es un escenario que hay que descartar”.
La mudanza de la AFA, aún sin validez legal
Pese a las aclaraciones, Vitolo subrayó que la AFA sigue bajo la fiscalización de la IGJ, ya que no completó los pasos legales para formalizar su traslado fuera de la Ciudad de Buenos Aires.
Explicó que la asamblea votó la mudanza, pero la resolución no tiene efectos jurídicos hasta que se presente la reforma estatutaria, la documentación correspondiente y la notificación oficial a la jurisdicción porteña.
“La AFA sigue estando bajo mi órbita, a pesar de lo que la AFA dice”, remarcó el funcionario.
Balances objetados y procesos sin cerrar
El titular de la IGJ precisó que la entidad aún no regularizó la inscripción de la última comisión directiva, cuya renovación anticipada por cinco años fue impugnada y actualmente espera resolución en la Corte Suprema.
Además, reveló que la AFA adeuda información contable desde 2017 y señaló que se detectaron partidas globales sin detallar y fondos cuyo destino no fue aclarado. “Han colocado sumas ideales sin abrirlas”, apuntó Vitolo, quien advirtió que no se permitirá a la AFA operar fuera de la jurisdicción porteña sin saldar estas observaciones.
Incluso cuestionó que la institución haya realizado asambleas en territorio bonaerense “como si ya estuviera fiscalizada allí”, algo que —según sostuvo— “legalmente no es posible”.
Los escenarios legales ante una eventual intervención
Vitolo enumeró los tres mecanismos posibles, aunque reiteró que ninguno está activo:
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Administrativo – IGJ: solo ante una violación grave de ley, estatuto o reglamento. La IGJ podría sugerir intervención al Ministerio de Justicia.
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Penal: un juez podría ordenar medidas para asegurar bienes o pruebas en casos de lavado de dinero.
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Justicia Civil Ordinaria: un club afiliado podría solicitar intervención judicial por riesgo institucional, desde un veedor hasta la remoción de autoridades.
