El Gobierno Nacional formalizó el envío a la Cámara de Diputados de dos proyectos clave impulsados por el oficialismo: el denominado “Súper RIGI”, orientado a promover grandes inversiones estratégicas, y una nueva ley de lobby destinada a transparentar las gestiones de intereses privados ante funcionarios y legisladores.
Las iniciativas forman parte del paquete legislativo anunciado días atrás por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien había adelantado el ingreso de cuatro proyectos al Congreso. Los vinculados a la ludopatía y la derogación de la ley de Etiquetado Frontal ya fueron remitidos al Senado, mientras que estas nuevas propuestas ingresaron por Diputados.
El proyecto denominado “Súper RIGI” busca ampliar y profundizar el esquema de incentivos fiscales vigente para atraer inversiones de gran escala en sectores considerados estratégicos para la economía argentina.
Entre las actividades alcanzadas figuran la cadena del litio, la manufactura de baterías, el desarrollo de hidrógeno verde, el GNL onshore, los reactores nucleares pequeños y medianos (SMR), la producción de paneles solares y turbinas eólicas, los vehículos 100% eléctricos y nuevos productos petroquímicos, entre otros.
A diferencia del régimen actual, el nuevo esquema contempla una reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, además de un sistema de amortización acelerada del 60% en el primer año y del 20% en cada uno de los dos años posteriores. También prevé exenciones en derechos de exportación para los proyectos alcanzados.
Por otro lado, el proyecto de ley de lobby apunta a establecer mecanismos de transparencia sobre las gestiones que realizan empresas, consultoras o intermediarios ante funcionarios públicos y legisladores nacionales.
Uno de los puntos centrales es la creación de un registro digital obligatorio de lobistas, donde deberán presentar declaraciones juradas detallando los intereses representados. Además, se propone la publicación de las agendas oficiales de funcionarios para dejar constancia de reuniones y gestiones vinculadas a intereses privados.
La iniciativa también establece incompatibilidades para ex funcionarios que pretendan realizar actividades de lobby tras abandonar sus cargos, con el objetivo de evitar conflictos de intereses.
Según el texto impulsado por el oficialismo, serán consideradas actividades de lobby las gestiones destinadas a influir en la elaboración, modificación o derogación de leyes, así como en licitaciones, concesiones, subsidios o beneficios fiscales para determinadas actividades económicas.
El debate de ambos proyectos comenzará ahora en las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, en un contexto marcado por la búsqueda del Gobierno de acelerar inversiones y reforzar mecanismos de transparencia institucional.
