El Ministerio de Economía dispuso la suspensión por seis meses de los derechos antidumping sobre la importación de aisladores de porcelana, luego del cierre definitivo de la única empresa que producía estos insumos en el país. La decisión fue oficializada mediante la Resolución 345/2026 publicada en el Boletín Oficial.
La medida responde a una situación inusual: fue la propia industria protegida la que solicitó el levantamiento de los aranceles tras el cese de su actividad. La empresa Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino S.A. (FAPA), que representaba el 100% de la producción nacional y cerca del 70% del consumo aparente, comunicó el cierre irreversible de sus operaciones y el remate de su maquinaria.
Ante este escenario, la Cámara de la Industria Electrónica, Electromecánica y Luminotécnica (CADIEEL) certificó que no existen actualmente fabricantes locales de aisladores eléctricos, dejando al mercado interno sin abastecimiento nacional.
Desde el punto de vista técnico, la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) advirtió que mantener los aranceles en este contexto podría representar un “obstáculo inmediato” para el funcionamiento del sistema energético. Los aisladores de porcelana son componentes esenciales en la infraestructura eléctrica, especialmente en redes de distribución y transformadores.
“El mantenimiento de la medida carecería de sentido ante la inexistencia de producción local y podría afectar de manera injustificada el funcionamiento de una infraestructura crítica”, señalaron desde el organismo.
La suspensión alcanza a distintos tipos de aisladores —de montaje rígido, de suspensión y pasantes— utilizados en instalaciones de hasta 60 kV, e incluye productos provenientes de China, Brasil y Colombia.
Estos derechos antidumping estaban vigentes desde 2015, como mecanismo de protección frente a la competencia externa. Sin embargo, con la desaparición del único actor nacional, el Gobierno priorizó asegurar la continuidad y confiabilidad del sistema eléctrico, además de evitar sobrecostos para empresas distribuidoras y consumidores.
De este modo, las compañías encargadas de obras eléctricas podrán acceder a estos insumos críticos sin las penalidades económicas que regían durante la última década, en un contexto donde la disponibilidad inmediata resulta clave para sostener el servicio.
