El secretario de Ética Pública de San Luis pidió licencia al gobernador Poggi para defenderse de una denuncia

La decisión busca garantizar transparencia institucional mientras avanza el proceso judicial

El secretario de Ética Pública de la provincia de San Luis, Ricardo Bazla, solicitó una licencia en su cargo al gobernador Claudio Poggi con el objetivo de dedicarse plenamente a su defensa frente a una denuncia presentada en su contra.

La medida fue comunicada oficialmente y apunta a evitar interferencias entre su rol institucional y el proceso judicial, mientras la situación es analizada por la Justicia.

Pedido de licencia para afrontar la denuncia

Según se informó, Bazla decidió apartarse temporalmente de sus funciones al frente de la Secretaría de Ética Pública para concentrarse en su defensa y colaborar con el esclarecimiento del caso.

El funcionario sostuvo que el pedido de licencia responde a la necesidad de preservar la institucionalidad del organismo que encabeza, cuya función principal es promover transparencia y control en la administración pública.

En ese sentido, la decisión fue elevada al gobernador Claudio Poggi, quien deberá formalizar la licencia administrativa.

Un área clave dentro del Gobierno provincial

La Secretaría de Ética Pública cumple un rol central dentro de la estructura del Gobierno de San Luis, ya que tiene a su cargo políticas vinculadas a integridad pública, control institucional y transparencia en la gestión estatal.

Por ese motivo, desde el entorno del funcionario remarcaron que la licencia busca evitar cualquier suspicacia o conflicto institucional mientras se desarrollan las actuaciones judiciales.

Investigación en curso

La denuncia que involucra al funcionario se encuentra actualmente bajo análisis judicial, por lo que se espera que en las próximas semanas se conozcan nuevas medidas procesales o avances en la investigación.

Hasta el momento, desde el Gobierno provincial no se informaron detalles adicionales sobre la naturaleza de la denuncia, aunque se confirmó que el funcionario se presentará ante la Justicia para ejercer su derecho a defensa.