El Senado de la Nación dio media sanción al proyecto que modifica el régimen de biocombustibles en Argentina y establece un aumento de los porcentajes obligatorios de mezcla con combustibles fósiles.
La iniciativa fue aprobada por 41 votos afirmativos y 25 negativos, con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, bloques provinciales, la mayoría de la Unión Cívica Radical y otros aliados. Ahora será girada a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento legislativo.
Nuevos porcentajes para el bioetanol y el biodiésel
El proyecto establece que el corte obligatorio de bioetanol en las naftas aumentará del actual 12% al 15%.
En el caso del biodiésel, utilizado para su mezcla con gasoil, el porcentaje se incrementará del 7% al 10%.
De acuerdo con el texto aprobado, los nuevos niveles comenzarían a aplicarse un año después de la eventual sanción definitiva de la ley.
La modificación busca ampliar la utilización de combustibles de origen renovable, reducir las emisiones contaminantes y fortalecer las economías regionales vinculadas con la producción de caña de azúcar, maíz, soja y otros insumos agrícolas.
Acuerdo por la participación de las pymes
El tratamiento del proyecto avanzó después de que el oficialismo y sus aliados alcanzaran un acuerdo sobre la participación de las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiésel.
Las pymes reclamaban conservar el 7,5% del mercado, mientras que la propuesta original contemplaba una reducción progresiva de su participación hasta eliminarla en 2031.
El texto aprobado finalmente establece que las empresas no integradas tendrán un piso mínimo del 4% entre el 1º de enero de 2031 y 2036, garantizándoles una porción del mercado durante el período de transición.
Una apertura progresiva hasta 2036
La presidenta de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, Flavia Royón, explicó que la iniciativa busca otorgar previsibilidad a las capacidades productivas existentes y avanzar hacia un mercado más competitivo y transparente.
La legisladora señaló que, en el caso del biodiésel, se fijará una transición hasta 2036. Durante ese período se reducirá progresivamente la participación reservada para las empresas no integradas y se ampliará la competencia dentro del sector.
Entre los argumentos favorables también se destacó el posible impacto de la reforma sobre la actividad industrial, la generación de empleo, las economías regionales y la disminución de emisiones.
Provincias productoras respaldaron la iniciativa
La senadora tucumana Beatriz Ávila sostuvo que el aumento de los cortes obligatorios tendrá efectos positivos sobre el desarrollo energético, ambiental e industrial del país.
También destacó la importancia del proyecto para las provincias del norte argentino, donde la producción de bioetanol a partir de caña de azúcar representa una actividad económica relevante.
El senador tucumano Juan Manzur acompañó la iniciativa y afirmó que podría beneficiar a los productores de su provincia.
Por su parte, la senadora cordobesa Alejandra Vigo remarcó el papel de Córdoba en la industria de los biocombustibles y señaló que esa provincia concentra cerca del 70% de la capacidad instalada para producir etanol.
Cuestionamientos desde la oposición
El proyecto fue rechazado por el bloque Justicialista, Movere por Santa Cruz y el senador radical Maximiliano Abad.
Durante el debate, algunos legisladores cuestionaron las facultades que la iniciativa delega en la futura reglamentación y advirtieron sobre posibles consecuencias para las industrias radicadas en determinadas provincias.
El presidente del bloque Justicialista, José Mayans, sostuvo que su espacio no podía acompañar la propuesta debido a las advertencias planteadas por distintos distritos sobre una eventual relocalización de empresas.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió la reforma y aseguró que el debate excede los porcentajes de corte, ya que también define las reglas para una industria considerada estratégica durante los próximos años.
La propuesta todavía no es ley: para entrar en vigencia deberá obtener la aprobación de la Cámara de Diputados y ser posteriormente promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional.
