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Emergencia Judicial: Colegio de Abogados de Villa Mercedes reclama medidas inmediatas

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En una carta enviada al Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Jorge Alberto Levingston, el Directorio del Colegio de Abogados y Procuradores de Villa Mercedes ha alertado sobre una grave crisis institucional que afecta su profesión y la administración de justicia. La misiva denuncia que las reformas implementadas en los últimos dos años, supuestamente destinadas a modernizar el sistema judicial, han resultado en un fracaso evidente, causando un daño directo a la sociedad.

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Los colegios de abogados que representan a las tres circunscripciones judiciales han realizado múltiples reclamos sobre la creciente mora en el servicio de justicia, la falta de personal en las Oficinas de Gestión de Audiencias (OGU), y el caos generado por la imposición de normas por parte del Superior Tribunal de Justicia. Esta situación ha llevado a una paralización del servicio de justicia y a una crisis institucional sin precedentes en la provincia.

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El Colegio de Abogados destaca que, si bien se abordó y parcialmente se solucionó la demora en los fueros de familia y menores durante 2022, esta situación se ha extendido a los fueros civiles y laborales desde la implementación de las OGU. La demora en la provisión de escritos simples supera los treinta días, lo que se agrava debido al contexto económico y social, así como a la responsabilidad de los abogados en la resolución de conflictos laborales.

El Colegio de Abogados insiste en la necesidad de declarar la “Emergencia Judicial” y de tomar medidas efectivas para evitar una mayor profundización de la crisis institucional. Además, subraya que las normas implementadas han beneficiado solo a las instituciones públicas, desviándose del propósito de servir al bien común y a los justiciables.

El Colegio hace un llamado a la sociedad para que comprenda la crítica situación en la que se encuentran los abogados litigantes y exige que se de a conocer la situación caótica y las razones detrás de ella. También demanda la implementación de medidas ágiles y la asignación de personal capacitado para que las reformas propuestas por los poderes legislativos y ejecutivo funcionen de manera efectiva.

La carta concluye destacando el compromiso de los abogados en la defensa de sus incumbencias y la necesidad de poner fin a las intolerables demoras en los procedimientos judiciales, con la responsabilidad del poder judicial de realizar un esfuerzo mayor para cumplir con su deber hacia la sociedad y los clientes.

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