El PAMI de San Luis quedó en el centro de una controversia que combina denuncias judiciales, auditorías sobre prestaciones médicas, acusaciones de amenazas y una disputa política dentro de La Libertad Avanza. El conflicto involucra a la exdirectora local del organismo Cecilia Morales, a la senadora nacional Ivanna Arrascaeta y a su esposo, el empresario Rodolfo Negri.
Las acusaciones tomaron estado público a partir de una investigación difundida por La Política Online y posteriormente fueron recogidas por medios provinciales. Sin embargo, la defensa de Negri salió al cruce de esa versión y aseguró que parte de la información difundida está “desactualizada y descontextualizada”, al tiempo que denunció la existencia de una presunta operación política vinculada con internas partidarias.
La denuncia de la exdirectora del PAMI
Según la información publicada, Cecilia Morales, quien estuvo al frente de la delegación puntana del PAMI, denunció ante la Justicia Federal a Ivanna Arrascaeta y Rodolfo Negri por presuntas amenazas y presiones que, de acuerdo con su presentación, habrían comenzado mientras avanzaba con controles sobre prestaciones realizadas por establecimientos relacionados con la familia Negri.
Uno de los episodios denunciados habría ocurrido el 1° de junio en el aeropuerto de San Luis. Morales sostuvo que allí fue increpada por Negri a raíz de una auditoría sobre establecimientos vinculados a su hermano Mauricio Negri. De acuerdo con el relato incorporado a la denuncia y reproducido por distintos medios, Arrascaeta también habría intervenido en aquella discusión.
La exfuncionaria aseguró que, a partir de la situación, llegó a solicitar protección para ella y su familia. Las acusaciones, cabe remarcar, forman parte de una presentación que debe ser evaluada judicialmente y no constituyen por sí mismas una determinación de responsabilidad penal.
Prestaciones millonarias bajo la lupa
El segundo eje del conflicto está relacionado con las prestaciones médicas facturadas al PAMI.
De acuerdo con la información periodística difundida sobre el caso, establecimientos vinculados a los hermanos Negri registraron prestaciones por montos superiores a los $1.000 millones en septiembre de 2025, unos $825 millones en octubre y cifras que habrían superado los $700 millones mensuales durante noviembre y diciembre, mientras que en enero y febrero de 2026 los valores habrían vuelto a superar los $900 millones mensuales.
La existencia de esos montos, sin embargo, no implica por sí misma que haya existido sobrefacturación o una maniobra ilegal. Precisamente, uno de los puntos centrales que debe esclarecerse es si las prestaciones facturadas fueron efectivamente realizadas y si se ajustaron a las condiciones establecidas por el organismo.
Morales pretendía avanzar sobre la revisión de más de 7.000 órdenes de prestación correspondientes al período 2024-2026, pero ese proceso habría quedado inconcluso después de su salida de la conducción del PAMI San Luis.
En paralelo, según la información publicada, la auxiliar fiscal Paula Bellotti solicitó documentación relacionada con las auditorías, incluyendo datos sobre órdenes, fechas, horarios, diagnósticos, prescripciones, documentación respaldatoria y montos abonados.
La controversia llegó a la conducción política nacional
El conflicto también adquirió una dimensión política.
Según la reconstrucción publicada originalmente por La Política Online, la disputa habría llegado hasta una reunión en la que participó Eduardo “Lule” Menem, uno de los principales operadores políticos del oficialismo nacional, junto con Morales, Arrascaeta, Negri y autoridades del PAMI.
Una fuente citada por ese medio aseguró que, en medio del enfrentamiento, se habría planteado incluso la posibilidad de que Arrascaeta dejara el bloque oficialista en el Senado y conformara un monobloque si el conflicto continuaba escalando. Se trata, nuevamente, de una versión atribuida a fuentes de la investigación periodística y no de un hecho reconocido públicamente por la legisladora.
La respuesta de Negri: “Operación política”
Frente a la repercusión del caso, la asesoría letrada de Rodolfo Negri difundió una versión completamente diferente.
La defensa sostuvo que la presentación judicial vinculada con el enfrentamiento no habría sido ratificada y que posteriormente existió una conciliación entre las partes, con disculpas incluidas, que habría dado por terminada la controversia.
Según esa posición, el acuerdo fue incorporado formalmente al expediente y el caso quedó encaminado hacia su archivo. La representación legal afirmó además que el episodio entre los involucrados fue solamente “una discusión” y que tanto el desistimiento como la posterior conciliación fueron voluntarios.
Desde el entorno de Negri cuestionaron que las publicaciones recientes recuperen las acusaciones iniciales sin incorporar, según sostienen, el desenlace posterior que habría tenido aquella presentación judicial.
La defensa fue más allá y atribuyó la reaparición pública del conflicto a una supuesta operación destinada a desgastar políticamente a Negri en medio de internas partidarias, aunque no identificó públicamente qué dirigentes o sectores estarían detrás de esa maniobra.
Cuatro auditorías: el principal argumento de la defensa
La respuesta también alcanza al punto más sensible del caso: las prestaciones médicas cuestionadas.
Los abogados de Negri aseguraron que fueron realizadas cuatro auditorías integrales consecutivas y que, según sus resultados, las prestaciones fueron efectivamente cumplidas.
La defensa afirmó además que las inspecciones permitieron constatar la capacidad operativa de los centros de rehabilitación y las características de los servicios brindados. Entre otros aspectos, mencionó específicamente el circuito de hidroterapia, cuyas instalaciones —según sostuvo— se encontrarían por encima de las exigencias establecidas por la normativa prestacional.
Esta afirmación constituye uno de los principales contrapuntos frente a las sospechas difundidas inicialmente: mientras la denuncia puso el foco sobre el volumen de prestaciones y la necesidad de revisar miles de órdenes, la defensa sostiene que las auditorías realizadas respaldaron la efectiva prestación de los servicios.
Dos versiones y una cuestión que deberá esclarecerse
El caso presenta, por lo tanto, dos relatos claramente enfrentados.
Por un lado, la versión de Cecilia Morales, que vincula las presuntas amenazas y presiones con su decisión de profundizar controles sobre prestaciones millonarias y revisar miles de órdenes del PAMI.
Por otro, la posición de la defensa de Rodolfo Negri, que sostiene que el conflicto personal terminó mediante una conciliación, que las prestaciones fueron sometidas a cuatro auditorías y que la difusión actual responde a una disputa política.
Hasta el momento, no existe una resolución judicial que permita dar por acreditadas las acusaciones de amenazas ni afirmar que haya existido una maniobra de sobrefacturación. Del mismo modo, la denuncia de una supuesta operación política formulada por la defensa constituye una acusación que tampoco fue acompañada públicamente con la identificación de sus presuntos responsables.
Cambio de conducción en el PAMI San Luis
La controversia coincide además con un cambio en la conducción provincial del organismo.
Esta semana asumió como responsable de la Unidad de Gestión Local del PAMI San Luis Ada Valeria Salinas, contadora pública y exfuncionaria del gobierno provincial encabezado por Claudio Poggi.
Su llegada se produce con el organismo atravesado por las repercusiones de la disputa y con un interrogante todavía abierto respecto del destino de las más de 7.000 órdenes de prestación cuya revisión había impulsado Morales.
Más allá de la interna política y de la confrontación mediática, el punto central será determinar documentalmente qué prestaciones fueron realizadas, cuáles fueron auditadas, qué resultados tuvieron esos controles y si existió o no un perjuicio económico para el PAMI.
En ese terreno, las acusaciones públicas y las defensas políticas deberán ceder lugar a la documentación administrativa y judicial que permita establecer qué ocurrió efectivamente.
