La Justicia de Villa Mercedes avanza en una causa por presuntas estafas reiteradas vinculadas a una concesionaria de vehículos que habría vendido autos y camionetas en consignación sin rendir el dinero a sus dueños. Cuatro damnificados denunciaron que fueron engañados entre 2021 y 2023, y tras un extenso proceso judicial lograron que dos responsables del local quedaran formalmente imputados.
Según consta en el expediente, los propietarios entregaron sus vehículos mediante contratos de consignación a una agencia ubicada en el barrio Estación, que actualmente opera bajo otro nombre. El acuerdo era simple: la concesionaria debía vender los rodados y luego transferir a los dueños el dinero correspondiente, descontando la comisión del negocio. Sin embargo, según los denunciantes, el local concretó las ventas, gestionó las transferencias y jamás hizo la rendición económica.
El juez de Garantías Matías Farinazzo Tempestini imputó por el hecho a un hombre de apellido Costamagna, en cuatro casos, y a una mujer, Herrera, en dos. La investigación está a cargo de los fiscales Marcelo Palacio y Andrea Court, quienes en las próximas dos semanas solicitarán las medidas cautelares. Estas podrían ir desde firmas periódicas en Fiscalía hasta prohibiciones de salida de la provincia o incluso prisión preventiva.
Los abogados querellantes —Pascual Celdrán, Gastón Yllera, Flavio Ávila y Gabriel Bracco— sospechan que el circuito delictivo no se limita a los dos imputados y que existen otros involucrados que evitaron presentarse ante la Justicia.
Durante la audiencia, los fiscales señalaron que los hechos ocurrieron entre septiembre de 2021 y septiembre de 2023 y que los imputados “habrían acudido a engaños para disponer de vehículos que los denunciantes entregaban para ser vendidos”. Tras concretar cada operación, indicaron, no rendían el dinero a los dueños originales.
Uno de los casos más ilustrativos es el expuesto por el abogado Gastón Yllera, cuyo cliente entregó un Chevrolet Astra en septiembre de 2023. El vehículo fue vendido un mes después por $3.700.000, con transferencia incluida, pero la concesionaria jamás entregó el dinero. “Mi cliente necesitaba cubrir deudas. Era su capital. Fue gravemente perjudicado”, señaló el letrado.
Mientras tanto, la defensa de los imputados —encabezada por Carlos Díaz— sostiene que no existió estafa, sino un “incumplimiento contractual” propio del giro comercial y que la causa debería tramitarse en el fuero civil. Sin embargo, ese argumento no logró convencer al magistrado.
La concesionaria continúa funcionando en avenida Aviador Origone, frente a la plazoleta del avión A4B, pese a la causa penal en curso.
