Finalmente, tras muchas ideas y vueltas, la Justicia concretó la detención de Ariel Rosendo. El senador provincial, acusado de haber robado en una casa propiedad del sindicato Smata; de haber roto la prohibición de acercarse a su expareja, Ivana Massimino; y de haber incumplido con las medidas preventivas para evitar la propagación de la COVID-19, permanecía desde el 28 de septiembre en la Clínica Aconcagua de Villa Mercedes, al aducir problemas de salud físicos y mentales que dilataron la concreción de su encarcelamiento.
En un primer momento Rosendo adujo que sufría una crisis hipertensiva. Sin embargo, el 3 de octubre Sandra Miatello, médica forense que el juez instructor Leandro Estrada había enviado para constatar el estado de Rosendo, le remitió al magistrado el informe con la confirmación que tenía “un buen estado general” y que no calificaba como un paciente de riesgo de coronavirus. Esto discrepaba con el dictamen presentado por los profesionales del centro médico.
Luego el director de la Clínica Aconcagua, Rodolfo Negri, le planteó al juez Estrada que el alta de la institución no solo dependía de cómo estaba el organismo de Rosendo, sino también del estado de su salud mental. Ante este planteo, el magistrado envió a un psiquiatra del Poder Judicial para que realizara una valoración del representante del Departamento Pedernera. El informe fue categórico: el perito concluyó que durante el interrogatorio Rosendo simuló estar inconsciente.
El miércoles 7, por una orden de Estrada, una junta médica examinó al senador con el fin de establecer su verdadero estado de salud. De los cinco profesionales que revisaron a Rosendo, tres arribaron a la conclusión que no existen motivos clínicos ni psiquiátricos para que continuara en la clínica.
El pedido de desafuero de Rosendo había sido aprobado por unanimidad por la Cámara de Senadores de San Luis el 22 de septiembre.
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