El Gobierno argentino definió avanzar con una nueva estrategia ante la Justicia de Estados Unidos para intentar evitar, o al menos demorar, el pago de más de US$ 390 millones derivado de la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, concretada en 2008.
La ofensiva estará en manos de la Procuración del Tesoro de la Nación, que buscará que la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Washington, revise aspectos de su decisión. La presentación constituye además un paso previo a una eventual llegada del expediente a la Corte Suprema de Estados Unidos.
Un litigio que se remonta a la estatización de 2008
El conflicto judicial tiene su origen en la reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, dispuesta durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) condenó en 2017 a la Argentina a pagar alrededor de US$ 320 millones más intereses al grupo español Marsans, que había controlado las compañías antes de la expropiación.
Con el paso de los años, los derechos económicos derivados del litigio pasaron primero a Burford Capital y posteriormente a Titan Consortium, fondo que actualmente busca hacer efectiva la sentencia. Con los intereses acumulados, el reclamo supera los US$ 390,9 millones.
La Justicia estadounidense rechazó el planteo argentino
La disputa llegó a los tribunales de Washington, donde Titan Consortium solicitó el reconocimiento y la ejecución del laudo del CIADI.
Argentina intentó frenar el proceso argumentando, entre otras cuestiones, que el reclamo estaba prescripto y que el plazo aplicable era de tres años. Sin embargo, la Justicia estadounidense consideró que correspondía un período de 12 años para este tipo de acciones.
En julio, la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazó el planteo argentino y confirmó la sentencia de primera instancia, dejando habilitado el reconocimiento de la condena por más de US$ 390 millones.
La decisión abrió un escenario particularmente delicado para el país, ya que Titan Consortium viene impulsando acciones destinadas a localizar activos soberanos argentinos en Estados Unidos que eventualmente puedan ser utilizados para ejecutar la sentencia.
La nueva estrategia de la Procuración del Tesoro
Ante este escenario, la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, prepara un pedido de revisión ante la propia Cámara de Apelaciones.
La intención oficial es que el tribunal vuelva a analizar aspectos procesales y los plazos considerados para reconocer el laudo. Al mismo tiempo, la estrategia busca mantener abierta la discusión judicial y evitar una ejecución acelerada de la sentencia.
En principio, la presentación no contemplaría un pedido directo para suspender inmediatamente el fallo, aunque los abogados que representan al país estudian distintas herramientas procesales para limitar o demorar las acciones de cobro.
La Corte Suprema de Estados Unidos, la última instancia
Si la Cámara de Apelaciones rechaza el pedido de revisión, al Gobierno todavía le quedaría la posibilidad de intentar llevar el expediente ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
Ese camino no garantiza que el máximo tribunal estadounidense acepte intervenir. Sin embargo, permitiría continuar la estrategia judicial mientras el Estado analiza alternativas frente a una condena cuyo impacto se aproxima a los US$ 400 millones.
El expediente de Aerolíneas se suma así a otros litigios internacionales que enfrenta la Argentina y vuelve a colocar bajo análisis las consecuencias económicas y judiciales de las estatizaciones realizadas durante las últimas décadas.
La definición que adopten los tribunales estadounidenses será determinante para establecer si el país consigue mantener abierta la discusión o si Titan Consortium queda definitivamente habilitado para avanzar con la ejecución de la millonaria condena.
