El proyecto impulsado por Carolina Losada y Lilia Lemoine busca aumentar las penas, pero enfrenta críticas por falta de datos y riesgo de desalentar denuncias.
La discusión por el endurecimiento de penas ante denuncias falsas volvió a instalarse en el centro del debate legislativo en Argentina. En el Senado de la Nación, avanza una iniciativa impulsada por las legisladoras Carolina Losada y Lilia Lemoine, que propone modificar el Código Penal para aumentar las sanciones en casos vinculados a violencia de género, abuso sexual y delitos contra menores.
Actualmente, el artículo 245 del Código Penal establece que realizar una denuncia falsa es un delito con penas de dos meses a un año de prisión. El nuevo proyecto plantea elevarlas a un rango de tres a seis años cuando involucren esos delitos específicos, lo que implicaría, en la mayoría de los casos, penas de cumplimiento efectivo.
Críticas desde el ámbito judicial: “más castigo no es más solución”
Desde distintos sectores judiciales y académicos advierten sobre una tendencia a la llamada “inflación punitiva”, es decir, el aumento de penas como respuesta principal frente a problemáticas complejas.
La abogada Laura Musa, especialista en derecho de infancia y presidenta de la Fundación Sur Argentina, sostuvo que el endurecimiento de sanciones no incide directamente en la prevención del delito. En esa línea, remarcó que la seguridad depende de factores estructurales como la eficacia del sistema judicial, la prevención policial y la celeridad de los procesos.
En la provincia de San Luis, la fiscal de Instrucción Antonella Córdoba, con intervención en contexto de género y niñez, coincidió en el diagnóstico. Señaló que el derecho penal debe ser la última herramienta del sistema y alertó sobre el riesgo de equiparar “más pena” con “más solución”.
Falta de estadísticas y confusión conceptual
Uno de los principales cuestionamientos al proyecto es la ausencia de datos oficiales sólidos que respalden la necesidad de modificar las penas.
Especialistas remarcan además una diferencia clave:
- Denuncia falsa: implica la intención deliberada de acusar un hecho inexistente.
- Absolución: ocurre cuando no se alcanza el grado de prueba necesario para condenar, pero no implica necesariamente que el hecho no haya ocurrido.
Esta distinción resulta central para evitar interpretaciones erróneas que puedan afectar el acceso a la Justicia.
Los números: baja incidencia de denuncias falsas
A nivel internacional, organismos como ONU Mujeres indican que las denuncias falsas en casos de violencia de género representan menos del 1%.
En Argentina, estimaciones del Consejo de la Magistratura señalan que menos del 3% de las denuncias penales serían falsas, en su mayoría vinculadas a delitos económicos. Otros estudios reducen esa cifra al 0,3%.
En contraste, el subregistro de la violencia es significativo:
- Solo 1 de cada 4 mujeres denuncia situaciones de violencia.
- Apenas el 18% de las víctimas de femicidio había denunciado previamente.
- Menos del 5% contaba con medidas de protección vigentes.
En San Luis, datos judiciales indican que existe un solo caso registrado de falsa denuncia, mientras que cerca del 80% de las causas corresponden a abuso sexual, sobre un total de 3500 expedientes.
Impacto potencial: temor a denunciar
Desde el ámbito judicial advierten que el proyecto podría generar un efecto regresivo, al desalentar a las víctimas a denunciar por temor a eventuales consecuencias legales si no logran probar los hechos.
Según la fiscal Córdoba, esta situación podría reforzar estereotipos de género y debilitar la credibilidad de las víctimas, afectando el acceso a mecanismos como la Cámara Gesell y otros dispositivos de protección.
El otro lado: historias de absolución y “vidas en pausa”
Quienes apoyan el proyecto destacan el impacto que pueden tener las denuncias falsas en la vida de las personas acusadas.
El caso de Alejandro Quinteros, residente en San Luis, refleja esta problemática. Fue denunciado en 2014 por abuso sexual y resultó absuelto en 2023 tras peritajes que descartaron indicios. Sin embargo, durante ese período perdió el vínculo con sus hijos y sufrió consecuencias sociales y laborales.
Quinteros describió el proceso como una etapa marcada por el aislamiento, la estigmatización y un fuerte deterioro emocional. Considera que el aumento de penas podría evitar denuncias infundadas y mejorar los tiempos de respuesta judicial.
Un debate abierto
La iniciativa legislativa expone una tensión de fondo: cómo equilibrar la protección de las víctimas reales con las garantías para quienes puedan ser falsamente acusados.
Mientras el proyecto avanza en el Congreso, el debate sigue abierto entre quienes reclaman mayor severidad penal y quienes advierten que el camino debería centrarse en mejorar la investigación, la prevención y la producción de datos confiables.
