El Gobierno argentino puso bajo escrutinio las indemnizaciones otorgadas a las víctimas del terrorismo de Estado, revelando cifras iniciales y denuncias de irregularidades. El Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que se están auditando 22,500 expedientes, algunos de los cuales ya tienen reconocimiento administrativo o judicial, mientras que otros aún están pendientes de respuesta por parte del Ministerio.
La revisión se centra en la autenticidad y legalidad de la documentación presentada para respaldar las reclamaciones de reparación económica. Según los datos proporcionados por Cúneo Libarona, el monto promedio de las indemnizaciones es de $80,000,000. Sin embargo, también destacó que el gobierno de Alberto Fernández había reconocido beneficios por un total de $14,261,528,925 bajo las leyes 24,043, 24,411 y 25,914, a pesar de las denuncias por irregularidades.
La jueza María Eugenia Capuchetti ordenó el embargo de bienes por un valor de $200,000,000 a uno de los procesados en una causa que involucra más de 100 expedientes de pago irregular. Además, ordenó notificar personalmente al abogado Omar Enrique Ramón García sobre el procesamiento firme y el embargo de sus bienes, con la amenaza de detención en caso de no comparecer ante el tribunal en 72 horas hábiles.
Las investigaciones judiciales también están explorando la presunta existencia de una asociación ilícita para la fabricación de documentación falsa, utilizada por aquellos que intentaban obtener indemnizaciones fraudulentas al hacerse pasar por hijos de desaparecidos o víctimas de la dictadura militar.
Estas auditorías se derivan de la causa “Martínez Moreira, Adrián y otros s/ defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita”, que procesó a un grupo por estafa al Estado. Además, hay otras causas penales en curso relacionadas con pagos duplicados o realizados a personas sin documentación respaldatoria, incluidos familiares de personas que residían en el extranjero y no estaban desaparecidas.