La tercera jornada del juicio oral contra Cintia Ramírez se desarrolló este miércoles en el Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial de San Luis, con la declaración de siete testigos, entre ellos el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá, en el marco de una causa por presuntos delitos contra la administración pública.
Durante la audiencia, el tribunal avanzó en la etapa probatoria con testimonios vinculados a distintas áreas del Estado y aspectos técnicos de la investigación.
Entre los declarantes se destacó una abogada que se desempeñó como interventora normalizadora de San Luis Fútbol Club en enero de 2023. También brindaron testimonio el actual Escribano General de Gobierno, una martillera pública que realizó la tasación de un colectivo marca Volvo, y un perito de la Policía de San Luis que verificó la situación legal del vehículo en cuanto a motor, chasis y carrocería.
A su vez, declararon el ex secretario general de la Gobernación y el ex director de finanzas del Ente de Deportes San Luis, este último mediante videoconferencia.
Uno de los momentos centrales de la jornada fue la declaración del ex gobernador Alberto Rodríguez Saá, quien prestó testimonio durante aproximadamente una hora y media, en una intervención considerada clave por las partes.
El tribunal está integrado por los jueces Fernando de Viana, en carácter de presidente, y las vocales Adriana Lucero Alfonso y María Eugenia Zavala Chacur.
Para la próxima audiencia, se prevé la declaración de seis testigos propuestos por la defensa, en continuidad con el proceso judicial.
De qué se la acusa
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, Cintia Marina Ramírez habría utilizado su cargo como funcionaria para intervenir en la administración y destino de fondos estatales.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, esos recursos habrían sido direccionados hacia una entidad privada con la que mantenía vínculos directos. La imputación sostiene que, mientras ejercía como Secretaria de Estado de Deportes y presidenta de un ente deportivo, también formaba parte de la conducción de un club que habría recibido transferencias millonarias provenientes de organismos públicos.
Los delitos que se le atribuyen son peculado, fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en un caso que mantiene alta relevancia institucional en la provincia.
