La Corte Suprema aceleró el trámite del expediente por la Ley de Tierras y redujo de 72 a 24 horas el plazo para que quede firme la incorporación de los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.
La decisión fue adoptada mediante una resolución firmada este miércoles, en el marco del planteo que cuestiona la derogación de la Ley 26.737, dispuesta por el artículo 154 del DNU 70/23 impulsado por el gobierno de Javier Milei.
El expediente incluye un pedido de medida cautelar que podría volver a establecer provisoriamente las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
La Corte habilitó días y horas inhábiles
El máximo tribunal señaló que, “en atención a las particulares circunstancias de la causa”, correspondía abreviar el plazo para consentir la nueva integración.
La resolución notificó a las partes que los conjueces “han aceptado el cargo” y estableció 24 horas para cuestionar su incorporación. Además, la Corte dispuso: “A ese solo efecto, habilítanse días y horas inhábiles”.
El planteo contra la derogación de la Ley 26.737
La causa es impulsada por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda.
Los demandantes cuestionan la derogación del Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales. Según sostienen, su reclamo se basa en derechos vinculados con la protección ambiental, la biodiversidad y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas sobre sus territorios ancestrales.
El caso había quedado vinculado al expediente iniciado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). Sin embargo, la Corte rechazó esa demanda por considerar que los excombatientes no tenían legitimación suficiente y no analizó la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23.
Tras ese fallo, los integrantes de Árbol de Pie pidieron que se aclarara si la sentencia tenía algún efecto sobre su expediente. En ese planteo remarcaron que invocan “títulos de legitimación propios y diferentes” de los analizados en el caso CECIM.
Los conjueces que completarán la integración
La incorporación de Barroetaveña y Pérez Curci se produjo luego de que los integrantes titulares de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, no alcanzaran una posición común sobre cómo continuar con el caso.
Barroetaveña es presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, mientras que Pérez Curci encabeza la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.
Con la nueva integración, el tribunal quedará en condiciones de avanzar sobre la medida cautelar pendiente. Si el pedido fuera aceptado, podría producirse un efecto directo sobre el régimen de tierras y restablecer, al menos de manera provisoria, las restricciones vigentes antes de la derogación establecida por el DNU 70/23.
La Corte ya había aclarado, después del fallo sobre el CECIM, que esa sentencia “no supone abrir juicio sobre la validez constitucional del artículo 154” y que no afectaba otras medidas cautelares sobre el mismo tema que tramitaran ante distintos tribunales.
