La Justicia federal recibió un informe técnico que detectó presuntas inconsistencias en la evolución patrimonial de Manuel Adorni, exjefe de Gabinete, y de su pareja. A partir de ese documento, el fiscal Gerardo Pollicita avanzará con un requerimiento para que el exfuncionario justifique diferencias observadas en sus declaraciones patrimoniales, movimientos financieros y operaciones con criptomonedas.
La investigación se desarrolla en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito, en la que la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) elaboró un análisis integral sobre la evolución económica de la pareja desde diciembre de 2023 hasta la actualidad.
Qué analizó el informe
El estudio técnico revisó la información patrimonial declarada por Adorni y su pareja, incluyendo ingresos, bienes, deudas, inversiones, gastos, movimientos bancarios y operaciones con activos digitales. Además, los especialistas realizaron cruces entre las distintas fuentes de información para determinar si existían diferencias que requieran una explicación adicional.
Según trascendió, el informe identifica inconsistencias que ahora deberán ser respondidas por el exfuncionario mediante un requerimiento de justificación patrimonial, una instancia previa a eventuales medidas judiciales de mayor alcance.
La fiscalía avanzará tras la feria judicial
Fuentes judiciales indicaron que, una vez concluida la feria judicial de invierno, el fiscal Gerardo Pollicita notificará formalmente a Manuel Adorni para que brinde explicaciones sobre los puntos observados por los peritos.
En esta etapa, la Fiscalía evaluará si las respuestas y la documentación presentada resultan suficientes para justificar la evolución del patrimonio investigado. Si las explicaciones fueran consideradas insuficientes, el expediente podría avanzar hacia nuevas medidas procesales.
Una causa que sumó nuevas medidas de prueba
La investigación ya había incorporado durante las últimas semanas distintas medidas de prueba orientadas a reconstruir la situación patrimonial del entonces jefe de Gabinete. Entre ellas se solicitaron informes sobre declaraciones juradas, bienes registrables, movimientos financieros y operaciones vinculadas a plataformas de criptomonedas.
El objetivo de la Fiscalía es determinar si existe correspondencia entre los ingresos acreditados y la evolución de los bienes declarados durante el período bajo análisis, respetando las garantías del debido proceso y el derecho de defensa del exfuncionario.
