Provinciales

La justicia le pidió al Gobierno mantener la vigilancia en las fronteras del norte

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En momentos en los que debiera primar la unidad de los puntanos frente a la pandemia de coronavirus, en varias localidades del norte provincial parece haberse generado una grieta entre vecinos. Por un lado, ha habido manifestaciones en contra de la decisión del Comité de Crisis de volver a Fase 1 a varias localidades norteñas luego de detectar un caso positivo de COVID-19 en Tilisarao y que, ante la imposibilidad de saber con exactitud con quiénes estuvo en contacto el contagiado, la zona debe permanecer en aislamiento estricto; por otro, un grupo de habitantes merlinos se presentó en la Justicia para pedir que se arbitren todos los medios posibles para reforzar los controles en pasos fronterizos para protegerse del brote que asola a Traslasierra. Atento a ello, el juez Penal de Santa Rosa, Jorge Pinto, dictó una medida cautelar en la que le pide al Ejecutivo ” mantener y/o mejorar el estatus sanitario de la provincia de San Luis” manteniendo los controles y las medidas adoptadas.

A pesar de haber respaldado el pedido de los vecinos con una resolución judicial, Pinto no tiene competencia sobre el caso, ya que es de injerencia de la Justicia federal de San Luis, que ya se pronunció a partir de una presentación de productores cordobeses y que le dio la razón al gobierno puntano sobre la necesidad de mantener cerradas y controladas las fronteras provinciales.

El documento de Pinto, que fue firmado este miércoles y trascendió en las últimas horas, se apoya en los siguientes puntos:

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“(…) vecinos de la Villa de Merlo, con el patrocinio letrado de la Dra. Lorenza Gareca, manifiestan que se presentan a fin de requerir se dicte medida cautelar tendiente a proteger y mantener en la región el estatus sanitario establecido por el gobierno provincial para el control de la COVID-19.

Expresan en tal sentido que han tomado conocimiento de la existencia de conflictos suscitados entre transportistas y particulares que pretenden ingresar y circular por la región (norte provincial) sin cumplir con los protocolos establecidos por el gobierno provincial (…) señalando que el estatus sanitario alcanzado por la provincia de San Luis se ve amenazado por inoportunos intereses que pretenden transgredir ingresando y/o circulando por el territorio provincial, en violación a la normativa y regulaciones provinciales dictadas en consecuencia de la emergencia sanitaria COVID-19, cuya legitimidad y constitucionalidad ha sido sostenida por el Sr. juez federal de San Luis.

“(…) por otra parte, apuntan que las medidas adoptadas por el gobierno nacional y el Poder Ejecutivo Provincial son las únicas herramientas que se tienen ante la ausencia de otros recursos médicos que impidan la propagación de la enfermedad; recordando lo dicho por los científicos especialistas referido a la falta de un tratamiento antiviral efectivo”.

 

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