La Justicia levantó el secreto fiscal y bancario de “Chiqui” Tapia e investigará su patrimonio

El juez federal Ariel Lijo autorizó 20 medidas de prueba solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

La Justicia avanzará sobre el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), para determinar si registró un incremento patrimonial injustificado entre 2016 y 2025.

El juez federal Ariel Lijo autorizó las 20 medidas de prueba requeridas por el fiscal Gerardo Pollicita, entre las que se encuentra el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero del dirigente.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, quien señaló presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas de Tapia durante el período analizado.

Según la presentación judicial, el patrimonio del presidente de la AFA habría registrado un aumento cercano al 1.000% en ocho años, presuntamente sin correlación con los ingresos declarados. La denuncia también menciona la posible existencia de bienes no informados.

Con las medidas autorizadas, la Justicia podrá acceder a las declaraciones juradas y solicitar información a distintos organismos para reconstruir la evolución económica y patrimonial del dirigente.

Entre los requerimientos aprobados se encuentran pedidos de informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre su situación fiscal, económica y financiera, y al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para identificar cuentas y operaciones bancarias.

También se solicitará información a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sobre los cargos desempeñados por Tapia y las remuneraciones que habría percibido, además de datos a la Dirección Nacional de Migraciones sobre sus movimientos de entrada y salida del país.

La investigación buscará establecer, además, si el titular de la AFA realizó o recibió transferencias internacionales, operó con criptoactivos o posee otros activos que no hayan sido incorporados a sus declaraciones patrimoniales.

La decisión judicial implica la apertura de una etapa de recolección de pruebas y no supone una declaración de culpabilidad. El objetivo será determinar si los ingresos registrados por Tapia resultan compatibles con el crecimiento de su patrimonio durante los años investigados.