La Justicia federal avanzó este viernes en la causa conocida como “Vialidad” y ordenó la ejecución de bienes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados, con el objetivo de recuperar el dinero determinado en la sentencia por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La medida fue dispuesta por la Cámara Federal de Casación Penal, que instruyó avanzar sobre el patrimonio de la actual titular del Partido Justicialista y de sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, así como de otros implicados en el expediente.
Alcance de la medida judicial
Según la resolución firmada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, la ejecución alcanza a una veintena de propiedades vinculadas a la ex mandataria y su familia, además de más de 80 inmuebles pertenecientes a otros condenados, entre ellos el empresario Lázaro Báez.
El fallo forma parte del proceso de recuperación de activos que la Justicia considera desviados durante la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.
Contexto de la causa Vialidad
La causa Vialidad investigó un esquema de asignación de contratos de obra pública en favor de empresas vinculadas a Báez, con presuntas irregularidades como sobreprecios y obras inconclusas. En ese marco, Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Actualmente, la ex presidenta cumple la pena bajo modalidad de prisión domiciliaria en la Ciudad de Buenos Aires, mientras el expediente continúa en etapas vinculadas al decomiso y ejecución de bienes.
Monto a recuperar y rol de la Corte
El monto fijado por la Justicia para resarcir al Estado asciende a cifras millonarias actualizadas, lo que motivó la decisión de avanzar con la ejecución patrimonial de los condenados.
Los bienes decomisados quedarán bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, que será responsable de su administración y eventual liquidación.
Planteos de la defensa
Los abogados de la ex mandataria cuestionaron la medida al sostener que parte de los bienes incluidos fueron heredados del ex presidente Néstor Kirchner o adquiridos antes del período investigado. Según argumentaron, esto debería ser considerado al momento de definir el alcance del decomiso.
