Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2) el decomiso de más de 140 inmuebles pertenecientes a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al empresario Lázaro Báez, en el marco de la causa por defraudación a la administración pública.
Entre los bienes señalados figura el departamento ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, donde la ex mandataria cumple prisión domiciliaria. El pedido también incluye una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner.
Según el planteo fiscal, se trata de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 vinculados a sociedades relacionadas con Báez—, además de 46 automotores, US$4.664.000 depositados en una caja de seguridad, US$992.134 en una cuenta del Banco Galicia y una suma en pesos.
Reclamo por el pago de la multa millonaria
Los fiscales remarcaron que las personas condenadas fueron intimadas a depositar $684.990.350.139,86, monto actualizado correspondiente al decomiso fijado en la sentencia, pero —según indicaron— no realizaron ningún pago pese a que el plazo venció meses atrás.
En su presentación, Luciani y Mola sostuvieron que existe una “dilación en el recupero de activos” ordenado por sentencia firme y cuestionaron la falta de cumplimiento de lo dispuesto por la Justicia.
El monto original del decomiso había sido establecido en $84.835 millones, pero fue actualizado a más de $684.990 millones por peritos contadores, en base a criterios técnicos que posteriormente fueron ratificados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El rol de la Corte Suprema
A fines del año pasado se conoció que la Corte Suprema de Justicia será la encargada de administrar y eventualmente subastar los bienes decomisados, luego de que el TOF 2 solicitara su intervención.
La medida alcanza a 122 bienes inmuebles identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o activos incorporados durante el período investigado, que abarca entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.
La causa continúa en etapa de ejecución de sentencia, mientras se analizan los mecanismos para garantizar el recupero efectivo de los bienes.
