La Cámara Federal de Mendoza rechazó el planteo presentado por la defensa de Noemí Cnochaert, esposa del sindicalista Juan Carlos Insúa, y confirmó la decisión de mantener bajo custodia judicial una camioneta, dispositivos electrónicos y dinero secuestrados durante la investigación por una presunta organización dedicada al tráfico y comercialización de cocaína en San Luis.
Insúa permanece detenido y está señalado en la investigación como presunto jefe de una estructura que habría transportado cocaína desde el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hacia territorio puntano, principalmente a través de la Ruta Nacional 7.
La causa se inició a partir de su detención, ocurrida el 18 de junio de 2024 en el puesto limítrofe de La Punilla, y con el avance de las actuaciones alcanzó a alrededor de 30 personas presuntamente vinculadas con distintas etapas de la operatoria investigada.
Qué bienes reclamó la esposa de Insúa
Durante este año, Cnochaert solicitó ante el juez federal de Villa Mercedes Juan Carlos Nacul la devolución de una Nissan Kicks 1.6 Sense MT, una notebook ASUS, un iPhone 16 Pro Max, además de 22.200 pesos argentinos, 320 euros y 265 dólares.
Los elementos permanecen secuestrados desde el 21 de mayo de 2025.
El magistrado rechazó inicialmente la restitución y la defensa de Cnochaert apeló esa resolución ante la Cámara Federal de Mendoza. El tribunal de alzada confirmó finalmente la decisión adoptada en Villa Mercedes y dispuso que los bienes continúen vinculados al expediente.
Entre los argumentos considerados aparece la existencia de pericias pendientes sobre los dispositivos tecnológicos, además de su eventual utilización como elementos probatorios en un futuro juicio.
La hipótesis de la investigación federal
De acuerdo con la investigación, Insúa habría adquirido cocaína a proveedores de origen peruano radicados en el Área Metropolitana de Buenos Aires para posteriormente trasladarla por la Ruta Nacional 7 hasta San Luis.
La hipótesis judicial sostiene que la organización operaba principalmente a través de dos canales.
Uno habría funcionado en Villa de Merlo y el Valle del Conlara, mediante una red de comercialización minorista presuntamente encabezada por Insúa y Héctor Raúl Ramayo.
El segundo circuito tenía como destino Villa Mercedes, donde la droga habría sido suministrada a la estructura atribuida a Diego “El Gaucho” Juan Ramón Funes.
Según las actuaciones, esta última organización habría recibido las cantidades más importantes de cocaína. La investigación menciona volúmenes que podrían haber alcanzado aproximadamente 4 o 5 kilogramos semanales, e incluso cantidades superiores en determinadas operaciones.
Por qué la Justicia mantuvo los bienes secuestrados
Según la postura del Ministerio Público Fiscal, existen elementos para investigar la participación de Cnochaert dentro de la estructura atribuida a su esposo.
Entre otros aspectos, los investigadores analizan movimientos de dinero que presuntamente corresponderían a ganancias provenientes de la comercialización de estupefacientes y que habrían ingresado a una cuenta bancaria de la mujer.
La Fiscalía también sostiene la hipótesis de que Cnochaert habría actuado como prestanombre de Insúa.
En ese contexto, el Ministerio Público consideró que los bienes cuya devolución fue solicitada podrían quedar alcanzados por un eventual decomiso, conforme al artículo 23 del Código Penal, y que algunos de ellos además resultan relevantes como prueba para un eventual debate oral.
Al analizar el expediente, la Cámara Federal de Mendoza entendió que existía sustento suficiente para mantener la decisión adoptada por el juez Nacul y concluyó que no correspondía hacer lugar al recurso de apelación.
De esta manera, la camioneta, los equipos tecnológicos y el dinero continuarán, por el momento, bajo custodia judicial.
Las estructuras investigadas en San Luis
La causa sostiene que las organizaciones atribuidas a Insúa y Funes habrían mantenido estructuras independientes, aunque trabajaban de manera coordinada para el traslado y posterior distribución regional de los estupefacientes.
A Funes se le atribuye la conducción de una estructura de carácter familiar integrada presuntamente por su cónyuge, un hermano, su suegra, cuñados y otros allegados, dedicada al acopio, distribución y comercialización de drogas.
La hipótesis investigativa indica que, durante al menos seis meses, la estructura atribuida a Insúa habría suministrado semanalmente varios kilogramos de cocaína al grupo encabezado por Funes.
Quién es Juan Carlos Insúa
Juan Carlos Insúa desarrolló actividad sindical y mantuvo vínculos con sectores del peronismo.
Integró el Sindicato Obrero de Frigoríficos Empleados de la Carne y Afines (SOFECA) y la Federación de Trabajadores Agrarios (FeTARA). El 31 de enero de 2023 fue designado delegado normalizador con el objetivo de avanzar en la conformación de una representación del sindicato de la carne en San Luis.
Su actividad gremial se había iniciado años antes, principalmente vinculada al asesoramiento en el área de salud.
También tuvo participación en espacios políticos. En publicaciones realizadas en redes sociales aparece junto a Florencio Randazzo, cuando el exministro fue candidato por el Frente Justicialista Cumplir en las elecciones legislativas de 2017, y habría participado posteriormente de actividades relacionadas con la campaña presidencial de Alberto Fernández en 2019.
Como delegado normalizador del sindicato de la carne, Insúa intervino además en un contrato de locación de un predio ubicado sobre la Ruta Provincial 8, en las afueras de Villa Mercedes, identificado como el camping de FeTARA.
Ese establecimiento adquirió relevancia dentro de la investigación federal porque, según la hipótesis de la causa, habría sido utilizado para resguardar estupefacientes y concretar entregas destinadas a la estructura atribuida a Funes.
Las responsabilidades penales de las personas investigadas deberán ser determinadas definitivamente por la Justicia en las correspondientes instancias del proceso.
Créditos: Catalina Ysaguirre (El Chorrillero)
