La reciente implementación de la Ley de Inocencia Fiscal, promovida por el gobierno de Javier Milei, generó un impacto directo en causas judiciales en curso. En ese marco, el empresario Lázaro Báez fue sobreseído parcialmente en una causa por evasión fiscal vinculada a su firma Austral Construcciones.
La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3, que resolvió aplicar los nuevos parámetros establecidos por la legislación vigente. El fallo también benefició a otras once personas que estaban imputadas en el expediente.
Alcance del sobreseimiento
Según la resolución judicial, el sobreseimiento se basó en los nuevos umbrales fijados por la normativa, que determinan qué montos y períodos pueden ser considerados penalmente relevantes en materia tributaria.
En ese sentido, quedaron fuera de la acusación varios ejercicios fiscales en los que la empresa no habría cumplido con el pago de IVA y Ganancias, ya que no alcanzaban los mínimos exigidos por la nueva ley.
Entre los beneficiados por la medida se encuentran los hijos del empresario: Martín, Leandro y Luciana Báez, además de otros imputados como César Andrés, Julio Mendoza, Claudio Bustos, Mario Delgado, Eduardo Arrejín, Tomás Garzón, María C. González, Gastón Lemoine, Ariel Nieto, Hugo Uribe y Emilio Martín.
Un juicio que sigue en pie
Pese al alivio parcial, la situación judicial de Lázaro Báez no está completamente resuelta. El empresario deberá enfrentar un juicio oral por la deuda correspondiente al período fiscal del año 2012, que sí encuadra dentro de los parámetros establecidos por la nueva legislación.
El caso forma parte de una serie de investigaciones por presunta evasión fiscal que involucran a empresas vinculadas a la obra pública durante años anteriores, en particular en la provincia de Santa Cruz, donde Austral Construcciones tuvo una fuerte presencia.
Contexto político y judicial
La Ley de Inocencia Fiscal fue impulsada por el Ejecutivo nacional con el objetivo de redefinir criterios en materia penal tributaria, estableciendo nuevos límites para la persecución de delitos fiscales.
Su aplicación ya comienza a tener efectos concretos en expedientes judiciales en curso, abriendo un nuevo escenario tanto para la justicia como para los contribuyentes investigados.
