Ley Cazzu: impulsan en Argentina un proyecto para suspender la responsabilidad parental por incumplimiento

El proyecto ya había sido presentado previamente en México

La denominada “Ley Cazzu” comenzará a ser tratada en Argentina, luego de su presentación inicial en México. La iniciativa será impulsada por el senador chubutense del Partido Justicialista, Carlos Linares, en articulación con tres abogadas feministas del AMBA.

El proyecto propone la creación de una figura legal denominada “suspensión cautelar de la responsabilidad parental”, que permitiría a la Justicia interrumpir de manera temporal los derechos de uno de los progenitores en casos de incumplimiento.

Según explicó el propio Carlos Linares, la medida se aplicaría cuando exista falta de pago de la cuota alimentaria o ausencia del progenitor por más de tres meses en la vida del menor. En esos casos, los jueces podrían limitar su intervención en decisiones clave.

El objetivo central, según detalló el legislador, es priorizar el interés superior del niño, evitando que quien incumple sus obligaciones utilice la patria potestad como una herramienta de control. “Buscamos impedir que quien no cumple pueda bloquear decisiones sobre los niños y las niñas”, sostuvo.

La iniciativa toma como referencia el caso de la artista Cazzu (Julieta Cazzuchelli), quien expuso públicamente conflictos legales con el cantante Christian Nodal, padre de su hija. La situación tomó relevancia tras sus declaraciones sobre dificultades vinculadas a permisos de viaje para la menor, lo que reavivó el debate sobre los límites de la responsabilidad parental.

En México, el proyecto fue presentado semanas atrás por la diputada Sandra Arreola Ruiz, del Partido Verde Ecologista, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Allí, además, se incluyeron mecanismos ágiles para que el progenitor a cargo pueda autorizar traslados sin depender del consentimiento de quien incumple sus deberes.

La propuesta busca evitar situaciones de bloqueo que afecten la vida cotidiana de niños y niñas, y abre un nuevo debate legislativo en Argentina sobre los alcances de la patria potestad y la protección de los derechos de la infancia.