El Gobierno nacional avanzó con nuevas medidas vinculadas al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. La administración de Javier Milei presentó una denuncia penal contra cinco empresas relacionadas con actividades hidrocarburíferas en el archipiélago y ordenó priorizar el desarrollo de la Base Naval Integrada dentro del proyecto de Presupuesto Nacional 2027.
Según informó la Oficina del Presidente, la presentación fue impulsada por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, con el patrocinio letrado del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio.
Cuáles son las cinco empresas denunciadas por el Gobierno
La acción judicial alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
De acuerdo con el comunicado oficial, Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc. presuntamente cuentan con licencias otorgadas por el Reino Unido para desarrollar tareas de exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
Para el Ejecutivo argentino, esas actividades se realizarían en violación de las disposiciones establecidas por la Ley 26.659, normativa que regula las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
La presentación también alcanza a los accionistas Navitas Petroleum LP y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., además de directores, gerentes, síndicos, administradores, representantes y otras personas que eventualmente hubieran intervenido en los hechos investigados.
El Gobierno vinculó la denuncia con la defensa de la soberanía
Desde la Oficina del Presidente señalaron que la medida busca proteger los recursos naturales y los derechos soberanos que la Argentina reivindica sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de los espacios marítimos e insulares correspondientes.
El Ejecutivo sostuvo que continuará impulsando investigaciones y acciones jurídicas e institucionales frente a actividades que considere contrarias a los derechos soberanos argentinos.
La medida se produce en medio de un renovado endurecimiento de la posición del Gobierno respecto de las actividades económicas desarrolladas en el área de las Malvinas sin autorización argentina.
Milei ordenó priorizar la Base Naval Integrada
En paralelo con la denuncia, el presidente Javier Milei firmó una instrucción dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, para que el desarrollo de la Base Naval Integrada tenga prioridad durante la elaboración del Presupuesto Nacional 2027.
La decisión también contempla otros proyectos considerados estratégicos para la seguridad nacional y la protección de los intereses soberanos argentinos.
La Base Naval Integrada proyectada en Ushuaia, Tierra del Fuego, es considerada estratégica por su ubicación y por su potencial para fortalecer la presencia logística y operativa argentina en el Atlántico Sur.
El proyecto de Presupuesto 2027 deberá ser remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación el próximo 15 de septiembre.
El Gobierno presentó ambas decisiones —la acción judicial contra las compañías petroleras y la prioridad presupuestaria para la Base Naval— como parte de una estrategia destinada a fortalecer las capacidades del Estado para la defensa del territorio, la protección de los recursos naturales y el resguardo de los intereses soberanos de la Argentina.
