El presidente Javier Milei firmó un decreto que modifica el sistema de selección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como para fiscales y defensores públicos. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y actualiza los decretos 222 y 588 de 2003, vigentes desde la presidencia de Néstor Kirchner.
Entre los cambios más significativos, el nuevo esquema elimina los criterios que recomendaban contemplar la diversidad de género, las distintas especialidades jurídicas y la representación regional al momento de proponer candidatos para integrar el máximo tribunal del país.
Qué cambia en el proceso de selección
Hasta ahora, el procedimiento establecía que los antecedentes de los postulantes debían difundirse durante al menos tres días tanto en el Boletín Oficial como en medios gráficos de circulación nacional. Además, existía un período de 15 días para que ciudadanos, organizaciones civiles, universidades y colegios profesionales presentaran observaciones o impugnaciones fundadas.
Con la nueva normativa, esa instancia de participación ciudadana ante el Ministerio de Justicia desaparece. El Gobierno argumentó que se trataba de una duplicación de controles, ya que posteriormente el proceso continuaba en el Senado de la Nación, donde los candidatos enfrentan audiencias públicas y pueden recibir apoyos o cuestionamientos antes de obtener el acuerdo legislativo.
Asimismo, ya no será obligatorio publicar las postulaciones en diarios nacionales y locales. La información quedará concentrada en el Boletín Oficial y en el sitio web oficial del Ministerio de Justicia.
El objetivo: acelerar las designaciones
Desde la administración nacional sostuvieron que los cambios apuntan a simplificar trámites y reducir los tiempos administrativos para cubrir vacantes judiciales.
En ese sentido, el decreto también unifica los mecanismos de control patrimonial y fiscal de los candidatos. Los postulantes deberán presentar sus declaraciones juradas de bienes en un plazo de cinco días, mientras que ARCA tendrá el mismo período para informar posibles incumplimientos tributarios o previsionales.
Según el Ejecutivo, las modificaciones no afectan los principios de publicidad, transparencia ni control institucional, ya que el proceso continuará sometido a la evaluación del Senado.
Una Corte Suprema con dos vacantes
Actualmente, la Corte Suprema de Justicia funciona con solo tres integrantes: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El tribunal quedó reducido tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco en 2021 y el retiro de Juan Carlos Maqueda a fines de 2024, dejando dos vacantes sin cubrir.
Durante su gestión, el Gobierno intentó avanzar con las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, pero ambos procesos encontraron objeciones políticas y no lograron reunir los dos tercios de los votos requeridos en el Senado para obtener la aprobación.
En este contexto, el nuevo decreto busca acelerar la etapa previa a la discusión parlamentaria y facilitar la cobertura de las vacantes existentes en el máximo tribunal del país.
