Juan Cruz Albarracín, reconocido abogado, y su pareja escribana, Andrea del Valle Escudero Hernández, enfrentan un proceso judicial por diversos delitos, entre ellos “Estafa procesal en grado de tentativa“, “Falsificación de documento privado“, “Falsedad ideológica” y “Tráfico de influencias agravado“. Las acusaciones se centran en un intento por recuperar casi 19 millones de pesos, inicialmente incautados a una familia investigada por lavado de dinero.
La resolución del juez federal de Villa Mercedes, Juan Carlos Nacul, no solo los somete al proceso legal, sino que también dicta un embargo por la suma de 10 millones de pesos sobre los bienes de la pareja. Este embargo tiene el propósito de cubrir los gastos y costas procesales, siendo necesario que ofrezcan bienes suficientes como garantía.
En caso de incumplimiento, la Justicia procederá con la inhibición general de bienes, notificando a la pareja que disponen de cinco días hábiles para cumplir con el embargo ordenado. Además, el juez impuso ciertas pautas de conducta, como someterse al procedimiento judicial, no obstaculizar la investigación, presentarse mensualmente en el juzgado y no ausentarse del territorio nacional sin autorización previa.
El inicio de la investigación se remonta a un procedimiento policial realizado el 8 de julio de 2020, cuando la Policía de Buena Esperanza requisó tres camionetas en las que viajaba una familia. El hallazgo de una considerable suma de dinero, armas y municiones desencadenó el proceso legal que involucra a Albarracín y Escudero Hernández.
La Fiscalía Federal de Villa Mercedes determinó que Albarracín solicitó dinero a miembros de la familia para influir indebidamente sobre el juez a cargo de la causa y recuperar el dinero incautado. También se descubrió que la escribana insertó información falsa en la escritura de la venta del campo relacionado, intentando evitar problemas legales para su pareja.
Este caso, que se originó durante las restricciones por la pandemia, destaca por la complejidad de los delitos imputados, revelando una trama que involucra corrupción judicial y intento de estafa. La pareja deberá afrontar el juicio oral con las restricciones y embargos dictaminados por la Justicia Federal.
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