La expansión de los perfiles falsos en redes sociales dejó de ser un problema menor de convivencia digital y pasó a convertirse en una cuestión de interés público. Los últimos reportes de Meta muestran que en Facebook las cuentas falsas siguen representando una porción relevante del ecosistema y que, sólo en 2025, la compañía eliminó 10,9 millones de cuentas vinculadas con centros criminales de estafas, además de más de 159 millones de anuncios fraudulentos. X y TikTok también reconocen en sus políticas y reportes que la manipulación coordinada, las identidades engañosas y la interacción artificial siguen siendo una amenaza estructural.
El impacto no se limita al engaño individual. La FTC informó que en 2025 las redes sociales fueron el canal que más pérdidas económicas generó por fraude, con 2,1 mil millones de dólares reportados. Las llamadas romance scams, por ejemplo, suelen comenzar con perfiles falsos creados para ganarse la confianza de la víctima. En paralelo, organismos de protección infantil advierten que el grooming y otras formas de captación sexual online también se apoyan en identidades apócrifas o engañosas para acercarse a menores.
El problema también golpea de lleno a la conversación democrática. El Oxford Internet Institute documentó campañas organizadas de manipulación en redes en 81 países y detectó el uso de bots, troles y propaganda computacional por parte de gobiernos, partidos y consultoras privadas. En Argentina, el informe 2024 de Freedom House sostuvo que la elección presidencial de 2023 estuvo marcada por un grado inédito de manipulación online, con deepfakes, contenido engañoso y reportes sobre redes coordinadas para influir la agenda electoral.
Sobre ese trasfondo aparece una sospecha incómoda que gana espacio en el debate público: que una parte de la dirigencia política no muestra demasiado interés en regular con firmeza un ecosistema que también puede resultarle útil. La evidencia no permite afirmar que toda la política opere con granjas de bots, pero sí muestra que actores políticos de distintos países recurrieron a estas prácticas y que en Argentina hubo reportes concretos sobre redes coordinadas durante la campaña. Presentarlo como una hipótesis editorial es válido; presentarlo como un hecho cerrado, sin matices, no.
Frente a ese escenario, la discusión sobre la verificación cobró fuerza. Pero ahí también aparece una trampa: no toda insignia azul significa lo mismo. Meta sostiene que su verificación se apoya en documentos o actividad de la cuenta y promete protección ante suplantaciones; TikTok dice que su badge confirma que la cuenta pertenece a quien representa; X, en cambio, aclara que su check azul responde a una suscripción de Premium y no implica verificación documental automática. De hecho, la Comisión Europea sancionó a la empresa porque ese diseño podía inducir a error sobre la autenticidad real del perfil.
La discusión de fondo ya no pasa sólo por “verificar o no verificar”. Pasa por decidir qué combinación de trazabilidad, transparencia, protección de datos, sanciones y responsabilidad de plataforma necesita una democracia para que el anonimato no sea una coartada para delinquir y la verificación no sea apenas una etiqueta comercial. En Argentina, mientras tanto, el Congreso acumula proyectos sobre datos falsos en redes, suplantación de identidad digital, hostigamiento y autenticación biométrica para menores, señal de que el problema ya llegó a la agenda, aunque todavía sin una respuesta integral.
Gracias por leer hasta el final. y te comparto esta investigación.
Fuentes de datos consultadas: – apnews.com, reuters.com, theguardian.com
