Verónica Alonso Ernst, responsable de la Fiscalía Nº 3, pidió tres años de prisión y una multa de $60.000 para un hombre de apellido Lucero que el año pasado organizó una carrera de galgos. Este tipo de actividad está prohibida en todo el país desde 2016. La medida de la funcionaria judicial generó esperanzas para los y las proteccionistas de la ciudad.
Alonso señaló que la competencia estaba prevista para el 28 de abril de 2019 en un campo conocido como “Chacra de Paredes”, a pocos kilómetros de La Ribera. Pero, gracias a la advertencia de voluntarios y un médico veterinario, la Policía pudo frenarla. En ese momento, la Justicia ordenó un allanamiento.
“Cuando los efectivos llegaron al lugar, quienes se encontraban ahí manifestaron que no estaban haciendo nada ilegal y que solo se trataba de una exhibición de canes, y evidentemente no era así. Logramos incautar elementos como artefactos para medir el tiempo, y las filmaciones de las carreras, que fueron pruebas suficientes para determinar lo contrario”, explicó la fiscal.
Una Ley Antiexplotación
La 27.330 fue sancionada el 16 de noviembre de 2016. Cientos de organizaciones se
movilizaron en todo el país para apoyar y promover la ley que prohíbe las carreras de
perros, sin importar su raza.
Si bien Lucero es el único acusado, Alonso no descarta que haya más implicados. “Hasta el momento no han sido investigados”, dijo y agregó: “Lo mismo ocurre con el responsable del lugar. Podría tomarse como facilitador, pero en este caso se trata de una persona ajena al organizador, es decir, corroboramos que no es pariente ni amigo. El lugar era alquilado”.
También recalcó que confirmaron que para participar había que abonar una entrada y que en el predio había alrededor de 40 perros “que estaban siendo sometidos al evento”.
Esos fueron los elementos que la fiscal tuvo en cuenta para pedir la condena. La ley establece que quienes organicen, promuevan, faciliten y realicen estas competencias pueden recibir entre 3 meses a 4 años de prisión y una multa de entre $400 y $80.000.
Aunque todavía resta definir la fecha del juicio, el pedido de pena fue una bocanada de aire para los y las proteccionistas que desde hace algunos años se manifiestan contra el maltrato.
Soledad Martínez, actual responsable del Refugio de Contención Animal de la Municipalidad de Villa Mercedes e integrante de una de las organizaciones de rescatistas de mascotas, destacó: “Estamos orgullosos de que la Justicia haya tomado este caso y que haga cumplir la normativa. El proceder de la Policía y los jueces fue muy bueno. Creemos que esto va a llegar a un buen puerto y será un fallo ejemplificador para toda la provincia”, consideró.
La responsable del predio municipal recalcó que trabajaron en conjunto con Proyecto Galgo Argentina, la ONG que se encarga de recibir las denuncias de carreras y maltrato hacia los perros de esa raza en todo el país.
F: ED
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