En una estrategia conjunta, el gobernador electo, Claudio Poggi, y el destacado abogado penalista Pablo Lanusse se han unido para examinar críticamente una serie de medidas adoptadas por el saliente Rodríguez Saá. Estas medidas, que han generado controversia desde su inicio, no solo están en la mira del nuevo gobierno sino que también se explorarán acciones judiciales contra funcionarios y empresarios involucrados.
La reunión entre Poggi y Lanusse, que tuvo lugar en Buenos Aires, se centró en los actos administrativos tomados después de las elecciones del 11 de junio. Estos actos, aunque presentados como decisiones gubernamentales, son considerados por muchos como una bomba de tiempo para la gestión entrante en Terrazas del Portezuelo.
Pablo Lanusse, reconocido penalista con experiencia en la administración pública y en investigaciones federales, se unió al equipo de Poggi después de que Rodríguez Saá ignorara la solicitud de una transición ordenada y optara por un “gobierno paralelo”. Este movimiento se percibe como una maniobra para complicar la tarea del futuro gobierno.
Los puntos de enfoque de las posibles acciones legales incluyen licitaciones judicializadas, como la Ciudad Judicial y la obra vial sobre la Ruta N° 1, en las que participaron empresas como Semisa, Rovella Carranza SA y Serving SRL, a pesar de los esfuerzos de Poggi por llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia.
En una entrevista reciente en Cadena 3, Poggi advirtió sobre la necesidad de anular ciertas “obras faraónicas” que podrían estar vinculadas a un presunto vaciamiento del Estado provincial. Entre los actos cuestionados se encuentran designaciones de funcionarios con sueldos millonarios, nombramientos en la Universidad de La Punta, y contrataciones que exceden el mandato del 10 de diciembre de 2023.
La mirada crítica se extiende a la designación del fiscal de Estado, entre otros actos administrativos que ahora están bajo escrutinio. Poggi, comprometido con la legalidad y la Constitución, deja claro que buscará anular aquellas acciones que considera perjudiciales para la provincia y denunciará posibles irregularidades, trazando un camino firme hacia la responsabilidad patrimonial tanto de funcionarios como de contratistas involucrados.
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