Polémica por una presunta deuda millonaria entre concesionarias de Villa Mercedes

Una fuerte controversia comercial comenzó a tomar estado público en Villa Mercedes luego de que el empresario automotor Elías Demetrio realizara denuncias a través de redes sociales y medios de comunicación contra el abogado Pascual Celdrán y otras personas vinculadas a una operatoria de venta de vehículos. Según manifestó Demetrio, existiría una deuda millonaria derivada…

Una fuerte controversia comercial comenzó a tomar estado público en Villa Mercedes luego de que el empresario automotor Elías Demetrio realizara denuncias a través de redes sociales y medios de comunicación contra el abogado Pascual Celdrán y otras personas vinculadas a una operatoria de venta de vehículos.

Según manifestó Demetrio, existiría una deuda millonaria derivada de operaciones realizadas bajo la modalidad de consignación de automóviles. El empresario sostuvo además que la situación ya fue puesta en conocimiento de la Justicia y que presentará la documentación que, según afirma, respalda sus dichos.

En distintas publicaciones y transmisiones realizadas en redes sociales, Demetrio mencionó además a otras personas que, según su versión, habrían participado de las operaciones comerciales cuestionadas, entre ellas un ex integrante de las fuerzas de seguridad, y un profesional de la medicina, ambos de apellido Pochetti, Franco Vinuessa, Franco Flores, Miguel Ramirez, y Brian Torres.

Sin embargo, la versión de Demetrio fue rechazada por al menos uno de los involucrados. Aunque hasta el momento no trascendió una respuesta pública formal del abogado Pascual Celdrán, uno de los señalados por el empresario, Franco Vinuesa, remitió una carta documento intimando a Demetrio a rectificar sus expresiones en un plazo de 48 horas.

En dicho documento, Vinuesa sostiene que las afirmaciones difundidas afectan su honor y reputación, niega las imputaciones realizadas en su contra y advierte que, en caso de no producirse una rectificación, iniciará las acciones civiles y penales que considere correspondientes.

Por el momento no existen resoluciones judiciales que determinen responsabilidades sobre los hechos denunciados, por lo que el conflicto continúa bajo análisis de las partes y de los organismos competentes.

Mientras tanto, el caso sigue generando debate en la opinión pública local, a la espera de que la Justicia determine si las acusaciones formuladas tienen sustento suficiente para avanzar en una investigación formal.