SAN LUIS. El juez de Garantía N°3, Marcos Flores Leyes, dio por formulados los cargos por presuntos hechos de corrupción contra los ex funcionarios Marcelo Amitrano, Sebastián Anzulovich y el ex comisario Marcelo Balbo, en una causa por peculado y fraude contra la administración pública en concurso ideal.
La investigación se centra en supuestas maniobras irregulares vinculadas al uso de vehículos oficiales y la carga de combustible durante el período comprendido entre enero de 2022 y noviembre de 2023, en el marco de la gestión del entonces gobernador Alberto Rodríguez Saá.
Medidas cautelares y acusación formal
Los tres imputados fueron procesados y recibieron una inhibición general de bienes, además de la prohibición de salir del país y la obligación de firmar el libro durante 120 días. La denuncia fue impulsada por la Fiscalía de Estado.
La audiencia se desarrolló en la Sala de Oralidad N°1 del Poder Judicial. El Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal de Instrucción N°6, Linda Maluf, junto a la fiscal adjunta Roxana Alcaraz, expuso los elementos reunidos en la etapa preliminar, que fueron considerados suficientes por el magistrado para avanzar con la imputación.
La maniobra investigada
Según detalló la Fiscalía, la presunta maniobra irregular se habría desplegado en el ámbito del Ministerio de Producción, cuando era conducido por Amitrano. El foco principal está puesto en una camioneta Toyota Hilux patente IAA 989, asignada a esa cartera y utilizada por Balbo.
De acuerdo con los registros oficiales, se habrían realizado 356 cargas de combustible, incluso en períodos en los que el vehículo no se encontraba operativo. La unidad fue hallada en diciembre de 2023 en el domicilio particular de Balbo, en estado de deterioro y con el motor desarmado.
La acusación sostiene que el combustible “no fue destinado al rodado oficial sino desviado para vehículos particulares no autorizados”, lo que habría generado un perjuicio económico estimado en más de 20 millones de pesos, sin contabilizar el deterioro del vehículo.
Responsabilidades funcionales
La fiscal Maluf indicó que Amitrano, como máxima autoridad del área, tenía el control y supervisión de los recursos y partidas presupuestarias destinadas a combustibles. Señaló que habría permitido el uso reiterado de los recursos pese a la magnitud de las irregularidades.
En cuanto a Anzulovich, ex secretario de Transporte, se expuso que el 14 de abril de 2023 fue notificado de una anomalía vinculada al uso del vehículo, pero no habría adoptado medidas para frenar la maniobra.
Desde la Fiscalía de Estado, el jefe de la Sala Penal, Santiago Calderón Salomón, respaldó la acusación y sostuvo que existía conocimiento funcional por parte de los ex ministros. Indicó que el sistema de carga requería un PIN asociado al vehículo, lo que —según la querella— permitía rastrear la operatoria.
Declaración de Balbo
A diferencia de Amitrano y Anzulovich, que optaron por no declarar, Balbo sí prestó testimonio. Reconoció que la camioneta fue hallada en su propiedad y sostuvo que el combustible se utilizaba para el traslado de empleados y tareas vinculadas al Municipio de Ranquel, al que dijo haber prestado colaboración.
Afirmó que no actuó en beneficio propio y que seguía órdenes de superiores, aunque no precisó quién autorizaba formalmente las cargas de combustible.
Postura de las defensas
Los abogados defensores cuestionaron la suficiencia de la acusación y la individualización de conductas delictivas. Solicitaron, además, limitar las restricciones a la salida del país y ofrecieron bienes en sustitución de la inhibición general, pedido al que la Fiscalía se opuso por falta de informes dominiales.
El juez Flores Leyes resolvió avanzar con la formulación de cargos y mantener las medidas cautelares mientras continúa la investigación, que incluirá nuevas pericias contables, testimonios y análisis administrativos.
La causa se enmarca en un proceso judicial que busca determinar responsabilidades por el presunto uso indebido de recursos públicos durante la anterior gestión provincial.
