En los tribunales de San Luis, la Justicia resolvió prorrogar la prisión preventiva de un hombre de 34 años, investigado en una causa de violencia de género y abuso sexual con acceso carnal que reúne ocho denuncias. La medida fue dispuesta por la jueza de Garantía N.º 2, Agustina Dopazo, a pedido de la Fiscalía de Instrucción Penal de Género N.º 1.
El imputado, Jonathan Andrada Villagra, continuará alojado en el Servicio Penitenciario Provincial, acusado de abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad, lesiones, amenazas y daños, en perjuicio de ocho mujeres, quienes fueron sus parejas. Los hechos investigados se habrían producido entre 2014 y 2025.
Según el avance de la causa, el hombre enfrenta dos hechos de abuso sexual con acceso carnal agravados por el vínculo y por mediar violencia de género, cuatro hechos de abuso sexual con acceso carnal, dos lesiones agravadas, además de amenazas, privación ilegítima de la libertad, daños y el incumplimiento de una orden judicial, todo en concurso real.
La próxima instancia será el 22 de diciembre, a las 10:30, cuando se lleve adelante una nueva audiencia en la que el imputado conocerá formalmente el pedido de condena a 25 años de prisión, impulsado por la fiscal Delia Bringas. En esa audiencia se controlará la correcta formulación de la acusación, la legalidad y pertinencia de la prueba ofrecida y eventuales planteos de las partes, como nulidades o exclusiones probatorias. De cumplirse los requisitos, la causa será elevada a juicio.
Desde la Fiscalía de Género N.º 1 se recordó que se trata de una causa compleja, con ocho víctimas identificadas, todas debidamente notificadas de la acusación presentada el 5 de noviembre, y que prestaron su conformidad para avanzar en el proceso.
La prisión preventiva del imputado vencía el 20 de diciembre, y la Fiscalía sostuvo que los riesgos procesales se encuentran agravados, tanto por el riesgo de fuga, en función de la pena solicitada, como por el riesgo para las víctimas, quienes deberán declarar durante el juicio.
Por su parte, la defensora adjunta en lo Penal, Lorena Luna, no se opuso a la prórroga de la medida, aunque sí cuestionó el plazo solicitado. Consideró que 60 días resultan razonables, teniendo en cuenta que el imputado lleva casi un año privado de la libertad.
