El Gobierno nacional avanza con una reforma integral del Sistema de Inteligencia Nacional, con el objetivo de modernizar su funcionamiento, clarificar competencias y fortalecer los mecanismos de control. La iniciativa es impulsada por la administración de Javier Milei y se apoya en los cambios introducidos por el Decreto 614/24, que propone modificaciones a la Ley 25.520.
Según lo informado oficialmente, la reforma apunta a dejar en claro que la inteligencia no cumple funciones policiales ni judiciales, sino que se dedica a la producción de información estratégica para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo. A su vez, se busca brindar respaldo legal al personal, delimitando con precisión qué prácticas están permitidas y cuáles quedan expresamente prohibidas.
Uno de los ejes centrales es la creación de una Comunidad de Inteligencia, un ámbito de integración funcional permanente bajo la conducción de la SIDE, que permitirá compartir información entre los distintos organismos especializados del Estado. El objetivo es evitar duplicaciones, optimizar recursos e incorporar saberes sectoriales clave, como los económicos, sanitarios, tecnológicos o climáticos, al análisis estratégico nacional.
En paralelo, se establece una Comunidad Informativa, integrada por organismos estatales que no producen inteligencia en sentido estricto, pero que aportarán datos relevantes para ampliar la base informativa y mejorar la calidad del análisis estratégico.
Otro punto destacado es la separación entre ciberseguridad y ciberinteligencia. La protección de redes y sistemas quedará a cargo del Centro Nacional de Ciberseguridad, en la órbita de la Jefatura de Gabinete, mientras que la ciberinteligencia se concentrará en la obtención de conocimiento estratégico desde el ciberespacio, con el objetivo de mejorar la transparencia, la cooperación internacional y el acceso a financiamiento.
La reforma también redefine el rol de la Agencia de Seguridad Nacional, que se enfocará exclusivamente en tareas de contrainteligencia, evitando superposiciones con la Policía Federal y dejando la investigación criminal en manos de las fuerzas de seguridad. En ese marco, se establece que la contrainteligencia tendrá un carácter preventivo, orientado a detectar espionaje, sabotaje e injerencias extranjeras, adaptando la normativa a las amenazas tecnológicas y políticas actuales.
En el área de defensa, se ordena la inteligencia militar: se dispone la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) y se concentra la producción de inteligencia estratégica militar en el Estado Mayor Conjunto, con el fin de eliminar duplicaciones y mejorar la articulación con la inteligencia nacional.
Además, el proyecto contempla un fortalecimiento de los controles internos. La actual División de Asuntos Internos pasará a denominarse Inspectoría General de Inteligencia, con mayores atribuciones para auditorías, investigaciones internas y control del uso del presupuesto.
Finalmente, se establece que los titulares de los órganos desconcentrados del sistema serán designados por el Secretario de Inteligencia, reforzando la conducción jerárquica y el control interno.
Desde el Ejecutivo aseguran que la reforma permitirá modernizar y legitimar el sistema, integrarlo de manera más clara al Estado, separarlo de funciones policiales y adecuarlo a los desafíos contemporáneos, con mayores niveles de control y transparencia.
