En una decisión que marca un importante giro legal en San Luis, el Tribunal Superior de Justicia ha revertido la medida cautelar que suspendía las licitaciones y contrataciones impulsadas por el Gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá. La jueza María Eugenia Bona había emitido la medida, respaldada por Claudio Poggi, lo que desencadenó una controversia de gravedad institucional.
El Gobernador Rodríguez Saá explicó en una reunión de Gabinete ampliado que la suspensión de estas obras públicas afectaba no solo a la infraestructura, sino también a créditos respaldados por el Banco Interamericano de Desarrollo y la provincia de San Luis. Si estas obras se detenían, la provincia perdería fondos significativos.
El mandatario argumentó que las obras están planeadas dentro del presupuesto del próximo año, y que la jueza Bona estaba comprometiendo el nuevo período gubernamental al tomar esta decisión. Para evitar la paralización de las obras, el Gobierno recurrió al “per saltum”, un recurso que implica llevar el caso a la máxima autoridad judicial, el Tribunal Superior de Justicia, argumentando la gravedad institucional y el riesgo para las obras y las funciones gubernamentales.
El fallo del Tribunal Superior permitió que el gobernador saliente continuara con las licitaciones y contrataciones, decisiones que corresponden al Gobierno que asumirá el 10 de diciembre.
Sin embargo, este fallo no marca el final de la disputa legal, ya que se espera que sea apelado ante la Corte Suprema de Justicia, lo que continuará generando debate y controversia en la provincia de San Luis.
El gobernador también anunció la posibilidad de nuevos aumentos salariales la próxima semana, en respuesta al contexto inflacionario del país, y destacó que los aumentos recientes han tenido un impacto positivo en la lucha contra la pobreza en San Luis.
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