Un hombre acusado por el vaciamiento del Molino Fénix podría recuperar la libertad si prospera el pedido de revisión de su prisión preventiva. Se trata de Christian Becher, quien cumple la medida desde hace siete días en el Servicio Penitenciario Provincial.
Becher fue imputado por los delitos de asociación ilícita y fraude a la administración pública. El Ministerio Público Fiscal lo señaló como “el último eslabón de la cadena y una figura imprescindible” para procesar fondos públicos que, según la acusación, fueron desviados de manera ilícita.
El planteo de la defensa
El pedido fue presentado por su defensor durante una audiencia realizada este martes en el Colegio de Jueces. La defensa cuestionó la fundamentación y la solidez de la resolución dictada por el juez de Garantía Nº 4, Santiago Ortiz.
También sostuvo que la situación de Becher no es igual a la del resto de los imputados porque no tiene relación ni acceso al Molino Fénix y tampoco fue funcionario público. Además, rechazó que existan los mismos riesgos de entorpecimiento atribuidos a otros acusados.
Como argumentos, mencionó el arraigo familiar y laboral de Becher, la necesidad de que retome sus actividades y el control de sus negocios. También aludió a uno de sus hijos, cuyo distanciamiento estaría dificultando sus terapias médicas.
La defensa afirmó que, al enterarse de que era investigado, Becher no se fugó y estuvo “siempre colaborando con la Justicia”. Agregó que entregó la clave de su celular iPhone cuando fue detenido y que no obstaculizó el proceso mientras se tomaban declaraciones.
Entre las medidas alternativas ofrecidas figuran la prohibición de salir del país o de la provincia, restricciones para acercarse a lugares y personas vinculados con la investigación y la obligación de firmar el libro de imputados cada 15 días.
La postura de la Fiscalía
El fiscal Marcelo Palacio describió una “estructura compleja” que, según sostuvo, fue utilizada por exfuncionarios y empleados del Molino Fénix que manejaban la oficina contable del organismo. Afirmó que allí “solo ingresaban las personas que ahora están imputadas”.
Respecto de Becher, insistió en que tuvo “una participación necesaria para la comisión de delitos”. Según la Fiscalía, habría utilizado la estructura de sus empresas y recibido cheques del Molino, suscriptos por exfuncionarios, para lavar dinero y pagar cuentas corrientes de compra de combustible.
La investigación también detectó facturación por servicios inexistentes y empresas incluidas en el registro APOC, por facturación apócrifa. Palacio relató que algunas personas que figuraban como directivos de esas firmas dijeron que nunca habían ido al Molino y que en ocasiones habían realizado trámites para Becher.
El fiscal sostuvo que se usaron nombres para crear entidades societarias sin conocimiento de las personas involucradas y afirmó: “Becher estaba detrás de esto, aparece como el organizador”.
Palacio calificó el hecho como “un delito muy grave, que no tiene antecedentes en la provincia” y señaló que el fraude, estimado inicialmente en $900 millones, “se está ampliando”.
El principal fundamento para mantener la prisión preventiva es, según la Fiscalía, el riesgo de entorpecimiento. El fiscal indicó que se buscará ampliar el testimonio de personas que dependen de Becher o que tuvieron algún vínculo con él.
De todos modos, Palacio adelantó que el Ministerio Público Fiscal no se opondrá a permisos o salidas para que el acusado retome el vínculo con su hijo.
La resolución judicial
El tribunal integrado por Hernán Herrera, Cintia Martín y Marcelo Bustamente Marone comunicó que dará a conocer por escrito la resolución durante la tarde.
En la causa también están responsabilizados la dirigente albertista Anabela Lucero, su pareja y diputado Joaquín Beltrán, además de Enzo Lucero, Exequiel Scarel y Diego Torres, todos señalados como integrantes de una misma organización.
