La Inspección General de Justicia (IGJ) ha dado un giro en la política de género empresarial al derogar la resolución general 34/2020, que imponía a las empresas la obligación de garantizar una representación equitativa de género en sus directorios. Esta medida, impulsada durante la administración de Alberto Fernández, buscaba fomentar la diversidad de género en las altas esferas corporativas. Sin embargo, la reciente resolución 13/2024 de la IGJ revoca dicha norma debido a los múltiples litigios que invalidaron su aplicación.
El debate generado por esta decisión polarizó opiniones. Mientras algunos argumentan que la selección debería basarse en el mérito individual y no en el género, otros critican la revocación del cupo femenino, afirmando que perpetúa la desigualdad de género en el ámbito empresarial. Usuarios en redes sociales expresaron opiniones variadas, desde rechazar la discriminación por género hasta cuestionar la verdadera razón detrás de la baja representación femenina en los directorios.
El impacto de esta medida se amplifica por la persistente brecha de género en las empresas argentinas. Según un estudio de KPMG, al momento de implementarse la resolución en 2020, solo el 10,3% de los miembros de los directorios de las 1000 empresas más grandes del país eran mujeres. Aunque este porcentaje aumentó al 17,5% en tres años, la disparidad de género en las juntas directivas sigue siendo evidente, con solo alrededor del 17,5% de los miembros siendo mujeres.
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